Expresidentes del TC dejan sin piso a la Comisión de Constitución

Protesta. Óscar Urviola y César Landa, expresidentes del TC, advierten una grave afectación del sistema democrático tras la reforma que aprobó el Congreso, en primera votación.

Renuncias. Óscar Urviola y César Landa renuncian al consejo consultivo de la comisión que preside Omar Chehade. Lo mismo hizo Cateriano, Samuel Abad y otros siete constitucionalistas, tras aprobación en el Congreso de reformas sin debate ni dictámenes.

Wilber Huacasi
08 Jul 2020 | 5:32 h

Mientras Omar Chehade se mantenía ayer conectado a su computadora, conduciendo la sesión ordinaria de la Comisión de Constitución, en paralelo, los expresidentes del Tribunal Constitucional Óscar Urviola y César Landa lo dejaban sin piso, renunciando a la comisión consultiva de dicho grupo de trabajo. Esto, en señal de protesta por el debilitamiento del sistema democrático, tras las reformas aprobadas, sin dictámenes ni debate, el domingo último.

Sobre la marcha, ayer también se hizo pública la renuncia al comité consultivo del expremier Pedro Cateriano, el exadjunto en asuntos constitucionales de la Defensoría Samuel Abad, además de los abogados Javier Alonso de Belaunde, Elena Alvites, Betzabé Marciani, Rocío Villanueva, Elizabeth Salmón, Luciano López Flores y Juan Carlos Ruiz Molleda.

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“Me veo en la obligación moral de dirigirme a usted para presentar mi renuncia”, expresa el exmagistrado Óscar Urviola en su carta y agrega que las decisiones adoptadas por la comisión que preside Chehade “alteran el orden constitucional y el normal funcionamiento del sistema democrático”.

Previamente, Óscar Urviola había criticado públicamente la reforma constitucional aprobada en primera votación por el Congreso que mutila la inviolabilidad de voz y voto de los miembros del TC y de la Defensoría, con lo cual, según enfatizó se transgrede el principio básico del balance de poderes. En la misma línea cuestionó que hayan contemplado la posibilidad de que el presidente de la República pueda ser acusado por delitos contra la administración pública.

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“La eliminación de la inviolabilidad de opinión y de voto de los magistrados del Tribunal Constitucional significa una vergonzosa e injustificada limitación de sus facultades en la tarea de ejercer el control de constitucionalidad”, subraya Urviola en su carta.

Para César Landa, lo aprobado con respecto al TC socava “la necesaria independencia y neutralidad en el ejercicio de la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como del control de los excesos de los poderes públicos”.

Urviola lamenta además que la comisión de Chehade haya dejado pasar este dictamen en el Pleno del domingo, sin un “debido, serio y profundo debate de los proyectos, en especial (por tratarse de) proyectos de reforma constitucional”.

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Inmunidad vigente

Por otro lado, César Landa cuestiona que el Congreso sí haya decidido mantener su inmunidad parlamentaria, según el texto final que aprobaron el domingo.

Landa apunta que la decisión del Parlamento fue para “asegurar la inmunidad de cualquier actividad de los congresistas, incluso de los actos de función que podrían constituir infracciones a la ley penal, para que la fiscalía no los investigue, ni la justicia los procese y eventualmente condene”.

“Esta decisión es una grave involución al fortalecimiento de nuestra democracia representativa en la lucha contra la corrupción política”, expresa el renunciante César Landa.

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Además cuestiona que, en contrario, el Parlamento haya retirado el antejuicio para los ministros y también haya establecido que el presidente ahora sí podrá ser acusado por delitos contra la administración pública. Según sostiene, lo ocurrido “pone de manifiesto una decisión mayoritaria irreflexiva, que quiebra el principio constitucional tanto de la división de poderes, como del control y equilibrio de poderes”.

Más cuestionamientos

Pedro Cateriano también se sumó a las renuncias, mientras el constitucionalista Javier Alonso de Belaunde, en similar determinación, señala que la decisión del Congreso “contraviene los parámetros básicos de una deliberación y supone una afectación grave a los principios de democracia, gobernabilidad, balance y control de poderes”.

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En una carta conjunta, Elena Alvites, Betzabé Marciani, Rocío Villanueva, Elizabeth Salmón y Luciano López Flores también formulan una serie de cuestionamientos y advierten “graves consecuencias” con las reformas aprobadas por el Congreso de la República.

“La especial gravedad de esta situación se centra en el impacto de las citadas reformas en el principio de equilibrio de poderes”, apuntan, además de recalcar que reformas de este tipo deberían darse mediante una exhaustiva y meditada deliberación, y cumpliendo los “procedimientos parlamentarios que garantizan dicha deliberación”.

Las reformas ‘express’

Como se recuerda, la noche del domingo, el Congreso aprobó en forma acelerada tres dictámenes de reforma constitucional sobre temas distintos: eliminación de inmunidades y otras prerrogativas; impedimentos para que postulen los sentenciados en primera instancia, y que el 6% del PBI sea destinado al sector Educación.

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La protesta generada en forma colectiva, desde los predios del derecho constitucional, tiene que ver con el primer dictamen. Y es que hasta el sábado, Omar Chehade, presidente de la Comisión de la Constitución, solo había sustentado un dictamen con la modificación exclusiva del artículo 93 de la Constitución, sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

Pero el domingo por la noche, sorprendió con un nuevo texto donde planteaba cambiar hasta cinco artículos de la Constitución. Todo con el fin de lograr los 87 votos que requiere una reforma constitucional.

Así, el Parlamento aprobó con 110 votos la reforma constitucional, a pesar de que cuatro de los cinco artículos modificados no tenían predictámenes y tampoco hubo un verdadero debate, ni en la Comisión de Constitución ni en el Pleno.

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¿Cuáles son esos cinco artículos? Primero: el artículo 93, que elimina la inmunidad parlamentaria de arresto y proceso para hechos previos a la elección congresal, pero la mantiene para eventuales delitos contra la administración pública en los que puedan incurrir, durante el ejercicio de sus funciones.

En la práctica, se trata de una falsa eliminación de la inmunidad parlamentaria.

El otro artículo es el 99, que elimina el antejuicio para los ministros. En tercer lugar, el artículo 117. En este caso, contemplan la posibilidad de que el presidente pueda ser acusado por delitos contra la administración pública. El riesgo es que, en adelante, el mandatario podría distraerse en atender juicios, cuando debería concentrarse con exclusividad a atender los problemas del país.

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Con la modificación del artículo 161, los congresistas mutilan la inmunidad y otras prerrogativas del defensor del pueblo, que ellos sí las mantienen.

Finalmente, en el artículo 201 mutilan la inviolabilidad de la opinión y el voto de los magistrados del TC.

En sus trece

Ayer en diálogo con La República, la portavoz del Frepap, María Teresa Céspedes, adelantó que su bancada volverá a respaldar en segunda votación la reforma sobre eliminación de la inmunidad y otras prerrogativas del TC y la Defensoría. Según subrayó, esto guarda relación con el proyecto de su grupo parlamentario.

José Vega, portavoz de UPP, también volvió a defender lo aprobado, al señalar que los altos funcionarios, al igual que los ciudadanos, no deberían tener este tipo de protecciones.

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Otto Guibovich, portavoz de Acción Popular, estimó que, al haber votado por unanimidad por esta reforma, su bancada volvería a hacerlo en la segunda votación. Lenin Checco, del Frente Amplio, adelanta que el siguiente paso sería promover una nueva Asamblea Constituyente.

Rennán Espinoza, de Somos Perú, también adelanta que defenderán la eliminación de la inmunidad parlamentaria, pero no descarta analizar los otros extremos de la reforma aprobada. Deslizó que alguien tendría que presentar un nuevo proyecto. Carlos Almerí, de Podemos Perú, expresó que su bancada evaluará este y otros temas en una reunión de la semana. Lo propio haría Alianza para el Progreso. Son las siete bancadas que apoyaron esta cuestionada reforma.

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Cartas de renuncia y protesta

Óscar Urviola: “Guardo todavía la esperanza de que en el seno del Congreso existan señores congresistas que, de manera reflexiva y responsable, sepan pensar en los altos intereses del país que, deponiendo actitudes populistas y de grupo, enmienden esta grave alteración del orden democrático rechazando esta supuesta reforma constitucional”.

César Landa: “(La reforma aprobada) priva a los magistrados del Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo de las inmunidades y prerrogativas por las opiniones y votos que emitan. Lo cual socava en el caso del Tribunal Constitucional la necesaria independencia y neutralidad en el ejercicio de la protección de los derechos fundamentales”.

Reforma con serios defectos de inconstitucionalidad

El constitucionalista Omar Cairo enfatizó que la reforma aprobada por el Congreso sobre la eliminación de inmunidades y prerrogativas tiene un serio problema de inconstitucionalidad.

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“Esa reforma es nula, porque solo tiene dictamen el artículo 93. Los otros cuatro nunca han tenido un predictamen”, expresó.

Cairo recordó que el artículo 105 de la Constitución regula el requisito de los predictámenes previos y el TC ha establecido que cuando se trata de reformas constitucionales, no se puede optar por la exoneración de dictamen, tal como sí puede ocurrir con los proyectos de ley.

Según estimó, el TC podría declarar nulas las reformas de los artículos que no tenían predictamen.

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El dato

Otras reformas en curso. La Comisión de Constitución, que preside Omar Chehade, ayer también evaluó otras reformas electorales en marcha. Una de ellas tiene que ver con la democracia interna. Al menos la mitad de las bancadas busca retornar al sistema de elección de candidatos solo mediante asamblea de delegados.

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