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Prisión preventiva contra Nadine Heredia será evaluada este 23 de julio

La audiencia fue convocada inicialmente para el 16 de marzo, pero la declaratoria del estado de emergencia por el coronavirus obligó su reprogramación.

Nadine Heredia ya afrontó una prisión preventiva entre 2017 y 2018, medida cautelar que fue anulada por el Tribunal Constitucional.  Foto: La República
Nadine Heredia ya afrontó una prisión preventiva entre 2017 y 2018, medida cautelar que fue anulada por el Tribunal Constitucional. Foto: La República
Política LR

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria programó para este 23 de julio (10.00 a. m.) la audiencia de evaluación al pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la ex primera dama Nadine Heredia, en el marco del caso Gasoducto Sur.

Este requerimiento, formulado por la fiscal Geovana Mori, integrante del Equipo Especial Lava Jato, iba a ser evaluado inicialmente para el lunes 16 de marzo, sin embargo, un día antes de la realización de la misma, el presidente de la República, Martín Vizcarra, declaró en estado de emergencia al país debido a la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19), situación que obligó a la ciudadanía aislarse en sus viviendas.

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Este pedido fiscal también alcanza a Eleodoro Mayorga y Luis Miguel Castilla, exministros del gobierno de Ollanta Humala. Junto a Heredia, son investigados por los presuntos delitos de colusión y asociación ilícita por la entrega de la buena pro del Gasoducto Sur Peruano, considerado el proyecto más caro del país.

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Según informó La República antes de la reprogramación de esta audiencia, el requerimiento de Mori señala que existe peligro procesal en los investigados, por lo que la prisión preventiva aseguraría su presencia en el país.

Sobre Heredia Alarcón, la representante del Ministerio Público argumenta su pedido al mencionar que existe peligro de obstaculización al influir, mediante su abogado Wilfredo Pedraza, en el coinvestigado, y ahora colaborador eficaz, Jorge Merino.

En el caso de Luis Castilla, la fiscal indica que no tiene arraigo en el Perú, ya que trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo, cuya sede es en Washington D. C., Estados Unidos, país en el que también viven sus dos hijas.

Respecto a Eleodoro Mayorga, la Fiscalía menciona que mantuvo un “intenso movimiento migratorio” entre febrero del 2020 y febrero del 2020. No obstante, desde marzo de este año las fronteras del país están cerradas por el coronavirus.

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