El Informante: Conspiración procesal, por Ricardo Uceda

07 Jul 2020 | 8:47 h
El juez y el arraigado. Sepúlveda estuvo peloteado entre la fiscalía y el juzgado. Ha denunciado a Richard Concepción. (Foto: La República)
El juez y el arraigado. Sepúlveda estuvo peloteado entre la fiscalía y el juzgado. Ha denunciado a Richard Concepción. (Foto: La República)

Los problemáticos casos de PPK. El tiki-taka del fiscal José Domingo Pérez y del juez Richard Concepción. Las denuncias de Gerardo Sepúlveda ante la CIDH y la OCMA. Una práctica de desprecio a un imputado.

El Ministerio Público formalizó dos investigaciones preparatorias contra Pedro Pablo Kuczynski, derivadas de contratos de Odebrecht con el Estado cuando era ministro de Economía y presidente de Proinversión, en 2005. Una sobre la carretera IIRSA Norte y otra sobre la IIRSA Sur, por la que Alejandro Toledo recibió US$ 31 millones. Ambas por colusión agravada. PPK tiene una anterior que presume lavado de activos por servicios de estructuración financiera realizados por su exsocio chileno Gerardo Sepúlveda a Odebrecht, desde su empresa Westfield Capital, mientras fue funcionario. Esta investigación, que se inició en fase preliminar en 2017, era la única hasta hace poco. La fiscalía la amplió el 8 de junio a raíz de revelaciones artificiales que hizo desde prisión el exgerente de la Municipalidad de Lima José Miguel Castro, para ser considerado colaborador eficaz.

PUEDES VER Pedro Pablo Kuczynski: Fiscalía formaliza denuncia por caso IIRSA Norte

Caso difícil

La ampliación presume pagos ilícitos hechos a PPK en 2013 por First Capital, una empresa de Sepúlveda contratada por Odebrecht para su proyecto Rutas de Lima. Sepúlveda también es imputado. PPK cobró US$ 700 mil por una asesoría a First Capital, que cobró una comisión de éxito de US$ 3,5 millones por el financiamiento conseguido. Pero los investigados habían informado de esto al Ministerio Público antes que el aspirante a colaborador.

Es ineludible investigar el papel de PPK en la concesión de la Interoceánica, en la cual hay evidencias de corrupción. Ocupaba el centro de las decisiones. Una empresa fundada por él contrató con Odebrecht antes de que se definiera la concesión, y luego PPK asesoró proyectos de los brasileños. Es razonable su arraigo en el Perú mientras duren las indagaciones. Sin embargo, hubo pretensiones abusivas del Ministerio Público, como la de mantenerlo en una cárcel común durante la investigación, o sea varios años. Le fueron incautados bienes cuya venta podía impedirse con una medida cautelar, garantizando así el pago de una posible reparación civil.

PUEDES VER El informante: Resurrección, por Ricardo Uceda

En la investigación por lavado de activos, la fiscalía enfrenta el hecho adverso de que Odebrecht no reconoce sobornos para PPK. Por otra parte, tampoco pudo obtener pruebas de que eran ficticios los servicios de reestructuración financiera de Westfield Capital –operada por Sepúlveda– para el proyecto IIRSA Sur. Todas las pericias y testigos indican lo contrario. Demostrar conflicto de interés no basta, pues no es un tribunal ético el que examinará las cosas en un juicio oral.

Noticia conocida

Ahora el fiscal José Domingo Pérez ha abierto otra carpeta (distinta a la de lavado de activos) para demostrar colusión de PPK en IIRSA Sur, bajo el supuesto de que organizó todo para beneficiar a Odebrecht. En el caso de IIRSA Norte, la colusión agravada que se le imputa, así como a todos los miembros del Consejo Directivo de Proinversión, es haber permitido un comité plenipotenciario para contratar al concesionario. O sea, dejar hacer. La disposición fiscal muestra irregularidades señaladas por la Contraloría, pero no aún contraprestaciones específicas que la empresa beneficiada habría dado a los principales imputados. Los codinomes mencionados por Odebrecht no están identificados.

PUEDES VER El Informante: La cárcel tomada, por Ricardo Uceda

En cuanto al proyecto Rutas de Lima, es llamativo que la imputación se base en información que los investigados ya habían dado a la fiscalía. Es decir, que Odebrecht, a pedido de la Municipalidad, hizo obras agregadas que se cargaron a las tarifas, según indicó la comuna. Que Sepúlveda cobró el adicional de la reestructuración financiera de acuerdo con su tarifa pactada previamente. Y que le pagó una parte a PPK cuando este ya no era funcionario. El desembolso no provino de la caja de sobornos de Odebrecht. Como toda operación de los investigados no puede asumirse como delictiva, hace falta más información para aplaudir. Y para no pensar que a Castro le están ofreciendo una colaboración gratis.

PUEDES VER Fiscalía pide que Gerardo Sepúlveda no salga del país por 36 meses

Carta a la CIDH

La situación de Sepúlveda merece análisis aparte, y de comprobarse las denuncias que ha planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la OCMA, tendríamos un caso de desprecio a los imputados que avergonzaría al sistema judicial. La historia comienza en 2018, cuando, imputado por el caso Westfield, declaró 15 horas desde Santiago de Chile para el fiscal Hamilton Castro. En 2019, José Domingo Pérez pidió para él tres años de prisión preventiva, pero un juez le dio comparecencia con restricciones y se mantuvo desde Chile a disposición del Ministerio Público. Una apelación fue declarada infundada. El 23 de febrero del 2020, citado por el Equipo Especial, llegó a Lima para declarar y exhibir documentos. El fiscal no lo recibió. Pidió, en cambio, un impedimento de salida del país por tres meses, para que testificara en otro caso, vinculado a Alejandro Toledo, cuyo plazo de investigación había vencido el 3 de febrero. En cinco años nunca lo habían llamado y ahora era imprescindible. El juez Richard Concepción Carhuancho lo arraigó por sesenta días, que vencían el 25 de abril. La fecha llegó sin que le hubieran tomado manifestación.

PUEDES VER Gerardo Sepúlveda presentó denuncia contra el Estado peruano ante la CIDH

El 27, ya sin restricciones, no pudo regresar a Chile porque en Migraciones se lo impidieron por disposición superior. Ese día el juez Concepción, quien no estaba de turno, salió de su inmovilidad considerando urgente un pedido del fiscal Pérez para que se ampliara el impedimento mediante una reposición de plazo. Concepción lo repuso hasta el 7 de junio. Luego lo amplió, ante un segundo pedido, hasta el 26 del mismo mes. Recién ese día José Domingo Pérez le tomó su manifestación. Y ahora el fiscal ha pedido que se le retenga en el país por 36 meses, en virtud de la flamante investigación por supuesta colusión agravada en el proyecto IIRSA Sur. La defensa de Sepúlveda apeló dos veces las reposiciones. Una Sala Superior revisó la decisión cuando el primer arraigamiento ya había vencido, y otra se retrasó porque el juez Concepción le dio a la defensa un correo electrónico equivocado. Cuando se vio, el juez –quien ha sido denunciado ante la OCMA por su juego en pared con el fiscal Pérez– dijo que estaba mal fundamentada.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.