Congresistas no pueden donar S/ 15.600 de gastos de instalación, según informe legal

La Mesa Directiva del Congreso es la instancia que dispone el pago de los gastos de instalación. Foto: Andina

Documento interno del Parlamento señala que si los legisladores quieren apoyar a personas en vulnerabilidad, pueden hacerlo con el dinero de sus salarios.

Política LR
03 Jul 2020 | 8:32 h

El último jueves 18 de junio, se conoció que 23 congresistas por Lima y Callao recibieron 15.600 soles del Parlamento para los gastos de instalación, a pesar de que residen en la misma ciudad en la que está ubicado el Palacio Legislativo.

Ante los cuestionamientos, algunos de los legisladores involucrados, como Paul García, de Acción Popular, Cecilia García, de Podemos Perú, Rocío Silva Santisteban, de Frente Amplio, entre otros, intentaron justificarse al mencionar que donaron ese dinero.

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Incluso, La República informó que, de los 23 congresistas que cobraron los 15.600 sin necesitarlo, 4 prometieron en campaña que no recibían el dinero.

Una de las contradicciones más recordadas es la de Cecilia García, quien aseguró que no cobraría el dinero. Sin embargo, ante los cuestionamientos por la recepción del bono, señaló que lo usó para donar cámaras de seguridad de seguridad a una línea de buses de transporte público que la apoyó durante la campaña electoral.

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Sin embargo, según se conoció este jueves, un informe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso sostiene que los integrantes de la representación nacional no pueden donar el dinero que reciben como gastos de instalación.

De acuerdo al mencionado documento, que fue elaborado el 6 de abril último ante una consulta del legislador Diethell Columbus, de Fuerza Popular, el dinero destinado a la instalación de los parlamentarios debe ser usado en la subvención de los “‘gastos por cambio de colocación’, que conlleva el traslado de congresistas y sus familias a la sede de las sesiones del Parlamento, en la ciudad de Lima”.

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“Los Acuerdos de Mesa Directiva que autorizan este pago no establecen detalles respecto al destino del gasto y no obligan a la rendición de cuenta de los gastos efectuados. No obstante, el monto recibido tiene prevista una finalidad, por la que se afecta a una partida presupuestal de gastos y no a la de remuneraciones. En consecuencia, si bien el uso del monto es determinado libremente por el congresista beneficiario, la finalidad subsiste y no podría solicitar que se le dé una finalidad distinta a la señalada en los Acuerdos de Mesa correspondientes”, se lee en el informe, que fue firmado por el jefe de la Oficina Legal, David Cárdenas Sarmiento, y que fue enviado al entonces Oficial Mayor, Giovanni Forno Flórez.

Acto seguido, el documento menciona que, si los legisladores desean apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad, podrían hacerlo mediante el descuento de sus remuneraciones o con dinero “del patrimonio del congresista”.