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Fiscal pide otros 25 años para Gregorio Santos

César Romero

CesarRomeroC

27 Jun 2020 | 4:35 h
La Republica
En prisión. Gregorio Santos puede sumar una segunda condena de 25 años de prisión preventiva, que lo alejarán definitivamente de la política. Foto: Antonio Melgarejo.

Segundo juicio. El exgobernador regional de Cajamarca también habría recibido una coima de 2,1 millones de soles de la constructora brasileña Aterpa Perú, el año 2012. El dinero lo recibió en efectivo y bienes.

El exgobernador regional de Cajamarca Gregorio Santos Guerrero afrontará un segundo juicio por corrupción y lavado de activos, en el que podría recibir otra condena de hasta 25 años de prisión.

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El fiscal anticorrupción Walter Delgado Tovar ya ha presentado la acusación ante el Poder Judicial y las audiencias públicas habían comenzado semanas antes de que se declare la emergencia nacional por la propagación del Covid-19, con Santos en condición de reo contumaz.

Gregorio Santos ha sido detenido para cumplir una condena de 19 años y 4 meses de prisión por delitos de asociación ilícita y colusión por promover que el empresario Wilson Vallejos Díaz se adjudique 12 obras públicas licitadas por la entidad Pro-región, por 133 millones de soles.

Caso Aterpa

En el marco de esa investigación, Delgado Tovar descubrió un segundo caso de corrupción, esta vez, dentro del mismo Gobierno regional. Las pruebas indican que Santos negoció y obtuvo el pago de 5′285.800.52 soles, equivalente al 7,5% del costo total de las obras de rehabilitación de carreteras que el Gobierno regional contrató con la constructora brasileña Aterpa, sucursal Perú, el año 2011.

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Por las transferencias bancarias se ha podido establecer que dicha comisión ilícita se dividió en tres partes, una para Santos y otras dos para sus colaboradores en este negocio: Luis Elías Pasapera Adrianzén y Deyber Elí Flores Calle.

“Goyo” recibió 2′114.320.20 soles, equivalente al 40% de la comisión ilícita, a Pasapera le transfieren 2′290.513.56 soles, el 43.33% y Flores recibió 880.966.76 soles, el 16,67%.

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De acuerdo con los colaboradores eficaces, las obras de rehabilitación de carreteras en Cajamarca se iban a adjudicar al Consorcio Pallán, integrado por Project Construcciones SAC de Luis Elías Pasapera. Pero como este consorcio no tenía la experiencia ni los equipos necesarios, cede el “negocio” a la constructora Aterpa.

Lavado de activos

Para esto, Pasapera se contacta con el representante legal de la empresa brasileña, Jorge La Torre Matuk, y le presentó a Mario Sergio Montes Samaniego, como especialista en contratos con el Estado, para participar en la licitación convocada por el Gobierno Regional de Cajamarca.

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Desde ese momento, Montes participa como representante de facto de Aterpa, y él con Pasapera formulan el proyecto y los contactos para que los brasileños se adjudiquen la obra.

Desde el Gobierno regional, Santos y Deyber Flores se encargan de poner a gente de su confianza en el Comité de Licitación. El 11 de mayo del 2012 se suscribe el contrato y de inmediato Aterpa solicita el adelanto de obra por 21′143.202.08 soles.

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Santos vuelve a intervenir para liberar los fondos necesarios y realizar ese pago, logrando que entre el 11 y 12 de junio se emitan dos cheques, para el primer adelanto, por un total de 14′074.324.85 soles.

A fin de legitimar las transferencias para el pago de la coima, Aterpa simuló contratos ficticios con las compañías de Pasapera, Project Construcción SAS y Corprosac y con la empresa Consultores J&L S Civil de Jorge Luis Benites Pereyra.

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Luego, estas empresas simulan nuevos contratos o pagaron servicios y bienes requeridos por Gregorio Santos, como la compra de motocicletas en Piura o dos camionetas cuatro por cuatro.

Se generaron pagos indebidos para financiar la coima

Al revisar los documentos de la ejecución de las obras y las declaraciones de testigos y colaboradores, se ha determinado que a fin de no perjudicar a la constructora brasileña con el pago de la coima se aprobaron adendas y realizaron pagos en excesos, por trabajos no realizados por más de siete millones de soles.

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Los peritajes realizados por la fiscalía determinan que el perjuicio ocasionado al Gobierno regional en la ejecución de las obras contratadas con la constructora Aterpa fueron de 17,2 millones de soles. Adicionalmente, se ha determinado que el proyecto de rehabilitación de carreteras ya tenía un sobrecosto de 26,7 millones de soles.

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