RMP sobre ultimátum de Vizcarra: “Puso la pistola, pero no tenía balas”
En su programa Sin guion, Rosa María Palacios saludó el acuerdo al que llegó el Gobierno con los centros de salud privados para reducir los costos. No obstante, sostuvo que se generará un problema de "expectativas no satisfechas".
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El presidente de la República, Martín Vizcarra, dio un plazo de 48 horas a las clínicas privadas para que reduzcan sus tarifas en la atención a los pacientes contagiados por el coronavirus (COVID-19). El mandatario mencionó que de no lograrse esto ejecutará el artículo 70 de la Constitución que trata sobre la Inviolabilidad del derecho de propiedad.
Luego de 10 horas del anuncio, el Gobierno anunció que lograron entenderse ambas partes y los centros de salud privados aceptaron un subsidio de S/ 55.000 como tarifa plana para dar sus servicios. Rosa María Palacios saludó esta medida, no obstante, resaltó que lo anunciado por el jefe de Estado sería muy complejo de aplicarlo.
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Señaló que de acuerdo a la Carta Magna el Gobierno debe seguir ciertas condiciones para hacer suya la propiedad privada, aparte de que sea “por causa de seguridad nacional o necesidad pública”. En el mencionado artículo se menciona también que esta adquisición debe ser declarada por ley, es decir con intervención del Congreso, entidad que garantizó su apoyo.
Además, debe darse un previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que, explicó, se refiere al valor comercial del predio. También debe incluir una compensación por el eventual perjuicio. “Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio”, se indica.
En estas líneas, Palacios sostuvo que para seguir los pasos requeridos para “expropiar” las clínicas privadas se tomará un tiempo en el que deben analizarse el mejor camino. Agregó que esta propuesta además es como “meter a una ballena dentro de un pejerrey”, porque el servicio de salud público alcanza al 95 % de la población y los centros privadas solo al 5 %.
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“Vizcarra puso la pistola pero no tenía balas. Era un psicosocial. Hay que reiterar las cifras, la atención de salud en el Perú está dividido en varios prestadores y financistas del servicios. El sector privado atiende el 5 % de la población, y el Ministerio de Salud y EsSalud el 95 %. Ahora van a meter a una ballena dentro de un pejerrey”, mencionó.
La abogada también resaltó que el estado de emergencia no permite suspender el derecho de la propiedad, según el artículo 137 de la Constitución. Sostuvo que “el presidente ha tratado de culpar a la salud privada de los resultados de la salud pública”.
Asimismo, mencionó que ante esta nueva disposición del Gobierno se generará “un problema de expectativas no satisfechas”. Reiteró que las clínicas privadas no cuentan con tanta cantidad de ventiladores mecánicos.
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