Congresistas de APP, FA y Somos Perú discrepan por acuerdo de Ejecutivo y clínicas

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25 Jun 2020 | 17:11 h
Congresistas de APP, FA y Somos Perú discrepan sobre acuerdo de Ejecutivo y clínicas privadas. Composición: La República.
Congresistas de APP, FA y Somos Perú discrepan sobre acuerdo de Ejecutivo y clínicas privadas. Composición: La República.

Carmen Omonte, Lenin Bazán y Rennán Espinoza mostraron sus puntos de vista sobre el tarifario de S/ 55.000 que el SIS debe pagar a los centros de salud privados.

Parlamentarios mostraron sus opiniones sobre el acuerdo entre el Gobierno y las clínicas privadas para reducir los precios de servicios que estos establecimientos ofrecen a los pacientes que contrajeron el nuevo coronavirus (COVID-19).

La congresista Carmen Omonte de Alianza para el Progreso (APP) sostuvo que si bien está conforme con el consenso entre ambas entidades, criticó que el presidente de la República, Martín Vizcarra, haya observada el pasado 27 de mayo una norma del Congreso con el mismo objetivo de ayudar a los peruanos frente a la COVID-19.

“El 17 de junio, el presidente Vizcarra nos mandó sus observaciones, rechazando esa propuesta y allí planteaba diversos artículos de la Constitución en la que se decía que esa propuesta del Congreso atentaba contra la iniciativa priva, contra libertad de comercio, libre competencia y libre contratación”, dijo este jueves en el pleno.

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Es así que aseguró que la posición de Martín Vizcarra por “contradecir todas las propuestas del Parlamento” provocó, efectivamente, que algunos congresistas se sientan “ofendidos”, pues se apreciaría un cierto “protagonismo” por parte del mismo mandatario.

Asimismo, recordó que el Gobierno hizo la observación de la autógrafa de la ley, dejando de lado una norma que permitía que durante el estado de emergencia, los equipos biomédicos de los centros de salud privados sean puestos a disposición del Ministerio de Salud (Minsa).

“Por eso no podemos menos que sentirnos ofendidos cuando ayer el presidente anuncia el mismo fondo que el Congreso había tratado de plantear. Totalmente (quería el protagonismo])”, agregó.

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Por otro lado, el vocero de Somos Perú, Rennán Espinoza, consideró que la negociación entre el Gobierno y el consorcio de clínicas privadas fue un “reality show” pues tras conocer que el Sistema Integral de Salud (SIS) pagará S/ 55.000 por los contagiados que son trasladados de hospitales a las clínicas.

“Sentimos que es más un show, un reality, más que la realidad. Lo que la gente ha estado reclamando es que las clínicas están cobrando un precio exorbitante. Esto es un servicio esencial que le corresponde al Estado y que le da a los privados a intervenir en este rubro, pero debe haber una correspondencia frente a una realidad muy penosa que es la vida de las personas”, manifestó.

En otro momento, Espinoza negó que su agrupación quiera la salida de algún ministro del Ejecutivo. No obstante, recalcó que apoyarán la moción de interpelación a estos ya que “es necesario saber qué cosas se están haciendo”.

“Siento que nos están engañando y hay una falacia sobre la resolución del problema, que no se ha resuelto. Uno en estos momentos o mañana va a la clínica y te van a seguir cobrando lo que ellos crean conveniente”, expuso en el Congreso.

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Por su parte, Lenin Bazán del Frente Amplio cuestionó el consenso entre el Ejecutivo y las clínicas privadas de llegar al cobro de S/ 55.000 y resaltó que lo mejor era aplicar el artículo 82 de la Ley General de Salud.

“¿Qué pasará con las clínicas que no son parte de esta asociación? ¿Ahora SuSalud supervisará que todas las clínicas atiendan pacientes COVID-19 o seguirán reservándose el derecho de atenderlos? Es necesario evaluar actuación del Estado y de clínicas para una futura posible expropiación”, escribió el parlamentario en su cuenta oficial de Twitter.

Finalmente, Bazán afirmó que es “urgente” que el presidente Vizcarra considere una intervención a aquellas clínicas que no abran sus instalaciones en las 48 horas dadas en un primer momento por el Gobierno.

De igual manera, pidió al jefe de Estado hacer cumplir la ley, en medio de la crisis sanitaria, debido a que es “un deber constitucional”.

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