Subcomisión de Acusaciones Constitucionales actúa según agenda del fujimorismo

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones constitucionales, Luis Roel Alva (AP), solicitó al titular del Congreso, Manuel Merino de Lama, que la Comisión Permanente califique las acusaciones constitucionales contra el exministro Bruno Giuffra y las excongresistas fujimoristas Maritza García Jiménez y Yesenia Ponce Villarreal.

El acciopopulista Luis Roel planteó el requerimiento a Merino luego de haber rechazado revisar la acusación constitucional planteada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el exfiscal supremo Pedro Chávarry, por el delito de encubrimiento personal.

Roel es el mismo legislador que ha pedido a la Comisión Permanente reabrir la acusación constitucional contra cuatro integrantes del Tribunal Constitucional por el caso El Frontón.

Coincidentemente, en el anterior Congreso, controlado por la bancada fujimorista de Fuerza Popular, los casos contra Bruno Giuffra y los magistrados del Tribunal Constitucional, así como el “blindaje” a Pedro Chávarry, fueron promovidas por la representación que lidera Keiko Fujimori. Lo que estaría haciendo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales bajo la conducción del acciopopulista es continuar con el guion del fujimorismo que quedó trunco por la disolución constitucional del Congreso.

Las investigaciones a la organización Los Cuellos Blancos han dejado en evidencia las coordinaciones entre Keiko Fujimori y Pedro Chávarry para desactivar el caso que el Equipo Especial Lava Jato sigue contra la presidenta de Fuerza Popular.

Entre los testigos se encuentran el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien informó que Fujimori le pidió entregar clandestinamente un paquete de documentos al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, lo que prueba la vinculación.

Una investigación de La República también reveló recientemente que Keiko Fujimori dirigió la difusión de los audios y videos grabados por el excongresista fujimorista Moisés Mamani, con el propósito de forzar la renuncia del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Órdenes son órdenes

Mamani buscó al excongresista Daniel Salaverry y le relató que había grabado al exlegislador Kenji Fujimori y otros integrantes de la facción de “Los Avengers”, por lo que Salaverry y Mamani se dirigieron al despacho de Keiko Fujimori en la calle Los Morochucos. En presencia de sus asesores más fieles, Pier Figari Mendoza y Ana Herz de Vega, Keiko Fujimori recibió de manos de Moisés Mamani un USB con los videos y audios.

Ese mismo día los divulgó Salaverry y la bancada.

Luego Figari, por instrucciones de Keiko Fujimori, llamó a Salaverry para que propalara los audios de las conversaciones de Mamani con Giuffra, al mismo tiempo que la presidenta de Fuerza Popular reclamaba por las redes sociales la cabeza de Kuczynski.

El 23 de agosto de 2018, Keiko Fujimori, en un “mensaje a la Nación”, reclamó al fiscal de la Nación de entonces por qué no procedía a denunciar constitucionalmente al exministro Bruno Giuffra, lo que efectivamente, horas después, ese mismo día, Pedro Chávarry cumplió.

Mensajes de WhatsApp de “La Botika”, un grupo de congresistas de Fuerza Popular en contacto directo con Keiko Fujimori, revelaron la conexión del fujimorismo con las decisiones de Pedro Chávarry.

El excongresista fujimorista Marco Miyashiro escribió a sus colegas: “Bien por las denuncias de Chávarry, pero en Fuerza Popular debemos estar advertidos que la prensa mermelera lanzará más tinta y mierda contra nosotros”.

La misma trama

Y cuando IDL-Reporteros comenzó a divulgar los audios de Los Cuellos Blancos que dejaban en evidencia a los operadores del fujimorismo en la Corte Suprema, la Fiscalía de la Nación y el Consejo Nacional de la Magistratura, los congresistas de Fuerza Popular reclamaron la intervención del exfiscal de la Nación: “Como bien lo dice hoy LG (Luis Galarreta), hay un uso inmoral de los audios. Y alguien lo tiene que parar. ¿Aló, Chávarry?”.

Y así fue. Desde la fiscalía se tomaron acciones en un intento por silenciar a los medios que difundían las grabaciones comprometedoras. Incluso la fiscal Sandra Castro Castro señaló a Chávarry como miembro de la organización de Los Cuellos Blancos.

No obstante todas estas evidencias de que la denuncia constitucional de Chávarry contra Giuffra es parte de una trama entre el exfiscal de la Nación y Keiko Fujimori, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Luis Roel Alva, ha requerido reactivar el caso. Curiosamente, tendría que citar para dicho fin al propio Pedro Chávarry, que pasaría de presunto investigado a acusador.

Por si fuera poco, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó darle curso al caso contra el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, precisamente quien inició acciones contra Los Cuellos Blancos y por eso mismo es enemigo jurado de los fujimoristas.

La decisión fue adoptada no obstante que el 27 de febrero de 2019, el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien había presentado originalmente la denuncia constitucional, informó al Congreso que desistía de la misma porque violaba los derechos de Pablo Sánchez. Con el aplauso del fujimorismo, al presidente de la Subcomisión no le importó y siguió con el trámite.