La corrupción debilitó la lucha contra la COVID-19

Mapa de delitos. El 51% de los casos se presentaron en Áncash, Lima, Arequipa, La Libertad y Junín. Aprovecharon transferencia de recursos en beneficio propio, dice procurador Amado Enco.

A nivel nacional. 169 procuradores, coordinadores y abogados enfrentaron la corrupción. (Foto: difusión)
A nivel nacional. 169 procuradores, coordinadores y abogados enfrentaron la corrupción. (Foto: difusión)
César Romero

Mientras todos cumplían la restricción por la propagación del coronavirus, incluso la delincuencia común y el narcotráfico disminuyeron, pero la corrupción no se detuvo ni un minuto y más bien se convirtió en un escollo en la lucha contra la pandemia.

Esto es lo que evidencia el informe “Corrupción en la Emergencia Sanitaria COVID-19”, elaborado por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, a cargo de Amado Enco. El documento recoge los casos descubiertos del 16 de marzo al 4 junio del 2020.

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En ese periodo, se tienen 724 denuncias. Un número que sigue aumentando. De Tumbes a Tacna. Desde las ciudades de la costa hasta Iquitos, la corrupción metió la mano en los recursos destinados a combatir la COVID-19 y la ayuda social.

Por regiones

Las regiones más afectadas son Áncash, Lima, Arequipa, La Libertad, Junín, Ayacucho y Cajamarca, que concentran el 51% de denuncias. “Los funcionarios aprovecharon la situación de emergencia para cometer actos de corrupción”, refiere Enco.

Así, la mayoría de casos están asociados a compra de implementos de seguridad, medicinas, reparto de canastas y hasta las donaciones de instituciones privadas y públicas.

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El 47,7% de las denuncias se refieren al delito de peculado, que comete el funcionario que se apropia de los recursos que le dan para la emergencia.

Luego, está la colusión o el acuerdo entre funcionario y proveedor para sobrevalorar los precios; la negociación incompatible, cuando el funcionario asume los intereses del proveedor; y el cohecho, es decir, el soborno, la coima.

Las instituciones más afectadas son las vinculadas a la emergencia y la ayuda a los más necesitados: municipalidades, gobierno regional, ministerio y direcciones regionales de Salud, Policía Nacional y Ministerio del Interior.

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En coordinación con la fiscalía anticorrupción, que encabeza Omar Tello, se tienen 540 indagaciones, 167 investigaciones preliminares, nueve en investigación preparatoria, tres en juicio y cinco sentencias.

“La corrupción no solo se ha hecho más notoria en esta emergencia, sino que se ha incrementado”, señala el procurador anticorrupción descentralizado del Callao, Engie Herrera.

También hay corrupción en el manejo de las donaciones. Se investiga el destino de una donación de 44 mil canastas, por 4 millones de soles.

Krupskaya Beraun, coordinadora de la Procuraduría en Huánuco, advierte que la pandemia puso en evidencia que en el hospital Hermilio Valdizán durante años sustrajeron medicamentos para venderlos en farmacias privadas.

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Por su parte, Sharly Facho, procuradora de Áncash, anota que hay denuncias de sobrevaloración en el costo de hospedaje y alimentación para los ciudadanos que dejaron Lima en la pandemia, y el pago adelantado por la construcción de áreas hospitalarias que aún no se entregan.

Por las evidencias, en estos actos de corrupción están comprometidos los funcionarios encargados de las adquisiciones y hasta alcaldes o gobernadores, refiere María Isabel Palomino, procuradora regional de Piura.

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