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El “Swing” de los cuestionamientos contra la ministra Sonia Guillén

César  Zorrilla Flores

En Ucayali 45 indígenas del grupo étnico shipibo-konibo murieron a causa de la COVID-19 y claman por ayuda del Gobierno. Composición: Gerson Cardoso
En Ucayali 45 indígenas del grupo étnico shipibo-konibo murieron a causa de la COVID-19 y claman por ayuda del Gobierno. Composición: Gerson Cardoso

Cultura elaboró listados de artistas para que reciban un bono económico por la emergencia, pero la Contraloría los observó, pues carecían “de filtros o mecanismos que permitan comprobar su veracidad”. Mientras, cerca de Palacio, una comunidad nativa que vive sin agua ni desagüe, registra 476 casos de coronavirus .

No son pocos los cuestionamientos que pesan sobre la ministra de Cultura, Sonia Guillén Oneeglio, y que inciden en su poco visible papel a lo largo de los más de 70 días de estado de emergencia nacional por la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, las críticas y observaciones hacia su trabajo encontraron su punto de quiebre cuando se revelaron una serie de contratos que el Ministerio de Cultura (Mincul) había celebrado con Richard Cisneros, conocido también como Richard Swing, entre el 2018 y el 2020, para que diera “charlas motivacionales”.

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A ese caso se suman otros como, por ejemplo, los reclamos y quejas de la industria editorial y demás gremios de artistas independientes, que se han sentido relegados e, incluso, hasta abandonados por el sector que debería dirigir la política cultural del país.

Y también, por otro lado, las comunidades nativas que, ante la pandemia, se han visto prácticamente desamparadas por el Mincul, como es el caso de la comunidad shipibo-konibo de Cantagallo, en la que viven hacinadas más de 500 familias sin servicio permanente de agua y desagüe.

Y pese a que el Mincul tomó algunas medidas como la elaboración de una lista de beneficiarios para bonos económicos —actores del sector cultural, es preciso subrayar—, al final, la Contraloría General de la República observó el rol pues determinó que carecía "de filtros que permitiesen comprobar su veracidad”.

Informe de la Contraloría sobre las listas de beneficiarios del Ministerio de Cultura.

Conclusión de la Contraloría sobre listas del Ministerio de Cultura.

Cultura y Swing

El caso más relevante que compromete como responsable político a la ministra Sonia Guillén Oneeglio, tiene como protagonista a un hombre singular, un artista que posa, incluso, como se ve en una fotografía que circula por las redes sociales, con el mismo presidente de la República, Martín Vizcarra.

Richard Cisneros Carballido, conocido como Richard Swing en el mundo del espectáculo, fue contratado el pasado 24 abril para brindar “conferencias motivacionales” a los trabajadores del Mincul. ¿El fin? "[...] mejorar el rendimiento laboral, personal y social de los servidores” de dicho sector. ¿El precio? Treinta mil soles.

En total, Richard Cisneros Carballido, o Richard Swing, celebró nueve contratos con el Ministerio de Cultura, facturando al Estado peruano 175 mil 400 soles desde el 2018.

Pueblos indígenas en abandono

Mientras el 24 de abril, el Mincul celebrara con Swing su último contrato, dos días antes la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana y otras organizaciones indígenas, denunciaron al Estado peruano ante la ONU por “peligro de etnocidio”.

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Posted by Aidesep Pueblos Indígenas on Wednesday, April 22, 2020

Además, pidieron la intervención de la CIDH por falta de asistencia contra el coronavirus.

Denuncia de Aidesep contra el Estado peruano.

Denuncia de Aidesep contra el Estado peruano.

En abril pasado, Julio Cusurichi, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, lamentó, en diálogo con La República, que no se les haya entregado a la mayoría de las 36 comunidades nativas los bonos económicos ni alimentos y medicinas.

Ante la desesperación, elaboraron mascarillas hechas con hojas de plátano como medida ante el coronavirus.

“Tenemos miedo de desaparecer, ¿hasta cuándo seremos invisibles?", cuestionó Félix Kuaquibegue, uno de los líderes de la comunidad de El Pilar.

La crítica situación también fue expuesta por la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes, que denunció que, hasta el 19 de mayo, habían fallecido 45 ciudadanos del grupo étnico shipibo-konibo a causa de la COVID-19.

"Es mucho más triste ver que en otras comunidades no hay personal médico en las postas. No hay presencia de las autoridades", dijo Raúl Sánchez, jefe de la comunidad de San Francisco, en Ucayali, a un medio local.

En Lima, luego de reportar casos de infectados y fallecidos a causa del nuevo coronavirus dentro de la comunidad Shipibo-Konibo de Cantagallo, el Ministerio de Salud realizó 656 pruebas rápidas, de las cuales, 476 arrojaron resultados positivos para la enfermedad.

La comunidad, ubicada a 20 minutos de Palacio de Gobierno, no cuenta con servicios de luz, agua ni desagüe.

“Estamos aislados. Nos sentimos encarcelados, sin tener servicios básicos y como si estuviéramos abandonados”, lamentó Gabriel Indalicio, dirigente de Cantagallo.

Sin decretos aprobados

Luego de que surgieran cuestionamientos en torno a la gestión del sector Cultura, principalmente por no haberse pronunciado vía decretos —pese a las facultades legislativas que le había otorgado el Congreso al Ejecutivo—, el primer ministro, Vicente Zeballos, excusó la esterilidad normativa de la cartera de Guillén alegando que las iniciativas que había tenido no superaron el filtro de las comisiones internas.

En total fueron tres iniciativas, señaló Vicente Zeballos; sin embargo, todas se quedaron a medio camino, mirando de lejos la mesa del Consejo de Ministros, harto movida en los últimos dos meses.

Sin embargo, el 21 de mayo pasado se obtuvo un resultado desde Cultura: la aprobación del Decreto Supremo N° 058-2020, que contempla una asignación de 50 millones de soles para brindar apoyo económico a los actores culturales.

Frustrada cita en el Congreso y posible interpelación

El destape de los contratos entre el Ministerio de Cultura y Richard Swing provocó, como era previsible, una respuesta desde el Parlamento, que, no obstante la pandemia, no ha dejado de ejercer control político sobre el Ejecutivo.

La ministra Sonia Guillén concurrió en más de una fecha al Legislativo, específicamente a la Comisión de Cultura, que lidera el Frepap a través del congresista Alcides Rayme. Las citas, por supuesto, fueron de manera virtual.

El martes, sin embargo, se supo que la comisión citó de nuevo a la ministra de Cultura para que rindiera cuentas por, entre otros temas, los contratos de Richard Swing.

“Queremos que la ministra Guillén explique las motivaciones para contratar al señor Cisneros y entregue toda la documentación correspondiente”, explicó, en breve entrevista con este diario, el congresista Rayme.

Enterada ya de la cita, del despacho de Guillén llegó una solicitud para excusarse de acudir a la comisión parlamentaria, alegando que debía prepararse para concurrir este jueves al Pleno, para la confianza del gabinete.

Por esta circunstancia, este miércoles el grupo liderado por le congresista Rayme acordó presentar una moción de interpelación contra la ministra Guillén, que se complementa con la que ya la bancada de UPP había impulsado y que incluye, también, al primer ministro, Vicente Zeballos.

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Mea culpa

En entrevista para La República, el último martes la ministra Sonia Guillén dio un descargo en torno a los contratos de Richard Swing con su sector, los cuales, afirma, no conocía.

“[...] es un tema clamorosamente desagradable. Me siento mal, tengo que decirlo [...] Yo no voy a decir que este problema que hemos tenido con el señor Cisneros sea intrascendente, es un tema muy serio, muy lamentable. Me hace sentir avergonzada y en la necesidad de pedir excusas...”, reconoció la ministra Guillén.

“Una participación a nivel de Gobierno”

Tras la revelación de los contratos de Swing con el Ministerio de Cultura y su difusión en los medios de comunicación, el Gobierno acordó cancelar el vínculo contractual. Por su parte, el Ministerio Público inició una investigación sobre el caso.

Pero unos días después, le preguntaron al presidente Vizcarra sobre el caso particular y, especialmente, por Richard Swing.

El mandatario, ante la prensa, reconoció que lo había conocido durante la campaña presidencial del 2016. Sin embargo, agregó una frase que quedó en el aire:

“[...] como muchas personas él colaboraba y participaba de ello, y esa relación ha permitido que tenga una participación a nivel del Gobierno”.

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