AP plantea legalizar posesión informal de terrenos invadidos del Estado
El congresista Paul García de Acción Popular presentó un proyecto de ley para extender el plazo de posesiones irregulares de terrenos que fueron tomados hasta el 31 de diciembre del 2016.
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El parlamentario Paul García Oviedo de Acción Popular presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para ampliar la posesión informal de terrenos del Estado peruano que fueron invadidos hasta el 31 de diciembre del 2016.
En efecto, esta iniciativa busca modificar el artículo 3 de la Ley 28687 respecto a las posesiones irregulares que se hicieron a los terrenos hasta el 2004.
Asimismo, la finalidad de esta propuesta es que haya ciudadanos que “puedan acceder al derecho de una vivienda digna” a pesar de obtener el terreno de manera informal pues son invasiones que con el tiempo se han venido constituyendo sobre propiedad estatal.
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De igual manera, Paul García sostuvo que su proyecto “no promueve las invasiones” sino, por el contrario, permite ampliar el plazo estipulado desde el 2004 a 2016. “Es una realidad que la viví”, declaró el legislador en RPP este lunes.
“Con la presente iniciativa, lo que se pretende lograr es que los beneficiarios de los programas de Vivienda promovidos por el Estado cuenten con una herramienta adecuada para poder consolidar y sanear la propiedad, hasta inscribir la misma”, se lee en el proyecto de ley.
Es así que esta iniciativa “busca integrar una constante preocupación por parte de los posesionarios de predios del Estado que a la fecha vienen posesionando informalmente en sectores de menores recursos económicos”.
“Lo que ocurre es que la privatización del urbanismo, en contra del bien común, ha llevado a una especulación creciente e inmoral sobre un recurso escaso como el suelo, razón por la cual las ciudades han crecido en forma desordenada, ya que solo existen lotes y urbanizaciones para clases adineradas, pero no para los sectores más vulnerables”, expresa la resolución N° 5218-2020.
Finalmente, el proyecto del congresista de AP sostiene que “no irroga gasto al erario nacional, al contrario, el beneficio sería otorgar el acceso a la vivienda digna a los posesionarios informales que a la fecha necesitan regularizar su situación legal respecto del suelo que ocupan y que no pueden acceder, siéndole imposible contar con servicios básicos, como agua, luz, y desagüe”.
ap
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