San Martín pide al Congreso retomar opción de una ley para aliviar hacinamiento en penales

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19 May 2020 | 10:50 h
El vocal supremo César San Martín explicó el último martes ante la Comisión de Justicia del Congreso los proyectos del Poder Judicial sobre el hacinamiento en las cárceles.
El vocal supremo César San Martín explicó el último martes ante la Comisión de Justicia del Congreso los proyectos del Poder Judicial sobre el hacinamiento en las cárceles.

El vocal supremo expresó que le causó desazón que el Parlamento rechazara el dictamen de la Comisión de Justicia que recogía las propuestas del Poder Judicial y Ejecutivo para deshacinar las cárceles frente a la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).

El juez supremo César San Martín pidió al Congreso de la República retomar la opción de elaborar una ley que permita aliviar el hacinamiento en los penales, en el marco del estado de emergencia que atraviesa el país debido a la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).

En declaraciones para Ideeleradio, el vocal supremo indicó que se requiere una norma emitida por el Parlamento en la que se considere la salud de los internos del país, quienes están en riesgo de contraer la enfermedad bajo las condiciones en las que se encuentran.

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“Yo le pido al Congreso, desde luego con el mayor respeto y consideración, que retome la opción normativa, que se pongan de acuerdo, que tomen en cuenta los riesgos para la salud, mientras más nos demoremos, el riesgo de muertes es cada más grave”, expresó.

El último sábado 16, el Pleno del Parlamento rechazó el dictamen en mayoría, elaborado por la Comisión de Justicia, que recogía las propuestas que el Poder Judicial y el Ejecutivo enviaron, las mismas que planteaban medidas excepcionales para reducir el hacinamiento en el sistema penitenciario. En esa jornada también se desestimó un dictamen en minoría.

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A raíz de ello, el juez supremo manifestó que le causó desazón que el Legislativo no se haya puesto de acuerdo para aprobar el documento que elaboró la Comisión de Justicia, que preside la congresista Leslye Lazo, en el que se contemplaba límites para posibles beneficiados entre los presos al tomar en cuenta el tipo de delito, la pena y los criterios de salud.

Según señaló, los mencionados límites estaban distribuidos en dos niveles: primero, los llamados delitos que tienen penas de cadena perpetua y una sanción mínima superior a 20 años de cárcel; y, como segundo punto, los que están vinculados al crimen organizado y los que han causado grave alarma social.

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