Política

Los martillazos que ponen al Congreso en la mira

Críticas. Es cuestionado por sus recientes decisiones: modificar su reglamento sobre la presentación de la declaración jurada de intereses y la exoneración del cobro de peajes.

La suspensión de los peajes y el trato distinto para los congresistas sobre las declaraciones juradas, han sido criticadas. Foto: Melissa Merino
La suspensión de los peajes y el trato distinto para los congresistas sobre las declaraciones juradas, han sido criticadas. Foto: Melissa Merino
Enrique  Patriau

El Congreso ha aprobado dos recientes normas muy criticadas desde diferentes ámbitos: el de la transparencia y el económico. El proyecto que propone modificar su reglamento interno sobre la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de intereses (DJI) señala que le corresponderá al Consejo Directivo facilitar el cumplimiento de este requisito.

Los funcionarios suben sus DJI a una plataforma de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Por eso, Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, advirtió que el Parlamento “está saliéndose de la regulación universal aprobada el año pasado”.

Explicó que la plataforma de la PCM tiene la ventaja de que es “amigable en su navegación” y permite la descarga sencilla de la información por parte de cualquier ciudadano. Añadió que ahora no está claro qué vía emplearán los congresistas para presentar sus DJI. Según lo aprobado, será a través de la Contraloría, aunque, según Rotta, la opción de la PCM es mucho más práctica. Además, los demás funcionarios ya la utilizan sin problemas.

La segunda ley que genera fuertes resistencias es la aprobada por insistencia y que suspende el cobro de peajes mientras dure la emergencia. De los 79 peajes en el país, el Gobierno suspendió el cobro en 56 que, o son manejados por el Estado o son cofinanciados con privados. Lo decidido por el Pleno afecta a 23 peajes privados, repartidos entre seis concesiones.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene una serie de cuestionamientos al respecto. Sostiene que estas concesionarias dejarán de ofrecer sus servicios de mantenimiento, limpieza y grúa, los cuales deberán ser asumidos por el Estado.

En RPP, la ministra María Antonieta Alva precisó ayer que este monto ascendería a 700 millones de soles. Dijo: “Hay un cálculo que ha dicho el ministro de Transportes (Carlos Lozada): más o menos 700 millones de soles costaría tener que dar estos servicios que ya no van a ser ofrecidos por estas empresas”.

El segundo argumento fuerte del MEF es que se les está dando a estas concesionarias la opción de acudir al CIADI. No es solo que tengan esa posibilidad, sino que la eventual denuncia contra el Estado podría incluir la exigencia de que se les retribuya el 100% de las ganancias perdidas por la emergencia.

Tal como están definidos los contratos, el menor cobro de los peajes por el tránsito limitado de vehículos es asumido por las empresas. El Gobierno ya anunció que alista una demanda constitucional, aunque no hay todavía una fecha de cuándo se presentaría. Si se hace rápido, el proceso demoraría unos dos meses. Aunque lo realmente difícil para el Ejecutivo será conseguir los cinco votos (de siete) para que su demanda prospere.

Tuesta: Va quedando en evidencia la inexperiencia

Para el politólogo Fernando Tuesta, el hecho de que lleve poco tiempo funcionando y ya haya aprobado leyes controversiales, incluso por insistencia, demuestra que este no será “un Congreso fácil para el Gobierno, como muchas veces se pretendió decir”.

Y también va quedando en evidencia, añadió Tuesta, la ausencia de experiencia de los propios legisladores. “Hay medidas populistas, eso hay que decirlo, que están a su vez alimentadas por la falta de experiencia de la gran y aplastante mayoría. Es un Congreso en deuda. Salvo participaciones aisladas, en general vemos a bancadas o silenciosas o populistas. Es el resultado de la oferta electoral”, comentó. De ahí, añadió, la importancia de avanzar en la reforma.