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Ley que suspendería cobro de peajes perjudicaría al país y los usuarios

Costo. Beneficiaria a pocos usuarios particulares. El Estado asumiría costo de servicios y se enfrentaría a una serie de demandas ante el CIADI

El peaje permite financiar el mantenimiento de las carreteras.
El peaje permite financiar el mantenimiento de las carreteras.
César Romero

El proyecto de Ley 4985 de suspensión de peajes, que el Congreso buscaría aprobar por insistencia, generaría más perjuicio al Estado, que beneficio a los poquísimos usuarios, que al día de hoy los estén utilizando, dada la prohibición del transporte interprovincial y de circulación de vehículos privados.

Por este motivo, el presidente Martín Vizcarra observó el proyecto de Ley. El Ministerio de Economía y Fiananzas y Ositrán han advertido al Congreso del costo al Estado que generaría la suspensión del cobro de peajes. El MEF le ha pedido a la Mesa Directiva del Congreso que el proyecto de Ley regrese a comisiones para que se realice un mejor estudios de sus costos y beneficios.

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El cobro de los peajes, si bien permite que el concesionario recupere la inversión que realizó en una determina autopista, también financia una serie de servicios: mantenimiento rutinario y periódico de la vía, asistencia vehicular de gruas y nuevas construcciones que permitan que siempre este en perfectas condiciones de uso

La propuesta del Congreso deja estos temas en el aire. El proyecto dispone suspender con carácter excepcional y provisional del cobro de peaje en todas las Unidades de Peaje de la Red Vial Nacional, Departamental y Local Concesionada (…). La suspensión establecida en el presente artículo no causará ni generará derecho compensatorio”.

Así, al no recibir ingresos la concesionaria ya no prestará los servicios complementarios que hoy brinda, pues haría una inversión que no le generaría ningún derecho compensatorio. Entonces, será el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el que asuma ese gasto, comprometiendo fondos públicos que este momento podrían tener una mejor utilidad.

En segundo lugar, los concesionarios demandarían al Estado, pues tienen contratos de estabilidad jurídica. El Perú se enfrentaría a nuevas demandas ante el CIADI con pocas posibilidades de ganar. Solo en pago de abogados supondría un gasto de 4 millones de dólares, como mínimo. Las compensaciones que reclamarían las concesionarias podrían superar los 200 millones de dólares.

Peajes

En el país existen 76 peajes. De estos, 56 están bajo competencia de Provias Nacionales, ya sea por inversión directa o por cofinanciamiento. Otros 22 son operados por seis empresas privadas.

Ante la Emergencia Nacional generada por el COVID-19, Provias Nacional procedió a suspender el cobro de peajes en los 56 peajes de la red vial nacional, financiados y confinanciados.

Los 22 peajes en manos de privados han seguido cobrando peajes, pero exonerando a los vehículos que atienden la emergencia sanitaria, policía nacional y unidades estatales de apoyo. Sus ingresos se han reducido, pues no hay transporte interprovincial y la mayoría de usuarios permanecen en sus casas por la cuarentena, pero no han dejado de atender el mantenimiento de las carreteras y prestar el auxilio de grúas, en cumplimiento de sus contratos de concesión.

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En cambio, si el Congreso aprueba el proyecto de Ley que suspende el pago de peajes y sin derecho compensatorio, las seis empresas particulares que los administran, podrán demandar al Estado por los ingresos que van perder y terminaran por ser, al final, las principales beneficiadas. Los usuarios, a los que se dice querer apoyar, también se verían perjudicados si en medio de la controversia se deja de mantener las vías.

La Constitución garantiza estabilidad jurídica a los contratos, que no pueden ser modificados por una Ley. El Perú ha venido ganando una serie de demandas ante el CIADI, entre otros aspectos particulares de cada caso, porque los organismos internacionales reconocen esa estabilidad en los contratos de concesión. Entonces, el costo al prestigio al Perú, también será alto.