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Solicitan a jueces a resolver situación jurídica de procesados y sentenciados

El Consejo Directivo del PJ sostuvo que los magistrados deben resolver pedidos de variación de detención o de cese de prisión preventiva por vías tecnológicas.

Además, señalaron que se deben usar medios tecnológicos para realizar las diligencias fiscales y judiciales frente a la pandemia.
Además, señalaron que se deben usar medios tecnológicos para realizar las diligencias fiscales y judiciales frente a la pandemia.
Política LR

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) pidió a los jueces penales del país, incluidos los que integran los órganos jurisdiccionales de emergencia, a resolver de oficio o a pedido de parte, la situación de los procesados y sentenciados presos.

El objetivo es evaluar la modificación de su condición jurídica, según se determina en la Resolución Administrativa N° 120-2020-CE-PJ, la cual se estableció luego de una sesión virtual de los miembros del CEPJ.

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El documento indica que los magistrados están en la obligación de resolver las solicitudes de variación del mandato de detención o del cese de prisión preventiva en los procesos judiciales a su cargo.

En ese sentido se señala que los casos que sea requerida una audiencia, esta deberá realizarse en forma virtual o mediante el uso de un medio tecnológico idóneo que garantice la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso.

Asimismo, el CEPJ resolvió recomendar a los jueces que conforman los órganos jurisdiccionales de emergencia del país, a valorar los actos de investigación en los cuales participan el fiscal, abogado defensor o defensor público en forma virtual a través de medios tecnológicos.

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De acuerdo al documento, sin perjuicio de determinar si cumple o no con el grado de suficiencia exigido y su eficacia probatoria en las distintas etapas del proceso común, procesos especiales y medidas de coerción procesal de acuerdo a su naturaleza.

El órgano judicial considera que las situación que se vive por la propagación del coronavirus justifican la utilización de medios tecnológicos para realizar las diligencias fiscales y judiciales, por ello autorizaron este recurso para los casos que se requiera a nivel de primera instancia como en salas superiores y supremas.