CIDH pide a los Estados incorporar el enfoque de género en las medidas contra la COVID-19

La CIDH resaltó que en el Perú se reportó que 34 mujeres, incluyendo 27 niñas, fueron víctimas de abuso sexual en los primeros 17 días de la cuarentena.

El Gobierno del Perú decidió no continuar con el 'pico y placa' de género como una medida para contener la COVID-19. Foto: EFE.
El Gobierno del Perú decidió no continuar con el 'pico y placa' de género como una medida para contener la COVID-19. Foto: EFE.
Política LR

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado a los Estados a incorporar la perspectiva de género en las respuestas a la crisis por el coronavirus (COVID-19).

El organismo manifestó su profunda alarma por las cifras que han demostrado el incremento de las denuncias de violencia intrafamiliar tras el establecimiento de las medidas de confinamiento y distanciamiento social adoptadas por las autoridades para la contención del contagio de la enfermedad en los países de América Latina.

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La Comisión ha tomado conocimiento, por medio de su monitoreo permanente, del incremento significativo de estas cifras en países como Brasil y Estados Unidos, que se repiten en otros países de la región.

Al respecto, la CIDH llamó a los Estados de la región a fortalecer los servicios de respuesta a la violencia contra la mujer mediante el desarrollo de mecanismos alternativos de denuncia, la ampliación de la oferta de refugios y el fortalecimiento de la capacidad de agentes de seguridad y actores de justicia para ofrecer respuestas oportunas en el contexto de la pandemia.

Por otra parte, observó con extrema preocupación que en el contexto de confinamiento doméstico y de la disminución de la circulación de personas en las calles, habrían aumentado los actos de violencia sexual y violaciones contra mujeres, niñas y adolescentes.

En el Perú, por ejemplo, las autoridades han reportado que, durante los primeros 17 días de confinamiento, 34 mujeres, incluyendo 27 niñas, fueron víctimas de abuso sexual. Según la información disponible, estos números representan un incremento de este tipo de violencia en el país.

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En el contexto de la pandemia, adicional a las iniciativas de educación sexual integral, la CIDH recomendó que los Estados deben promover campañas masivas por los medios de comunicación y medios sociales enfocadas en la diseminación de información de los mecanismos disponibles para denuncia y apoyo a las víctimas.

Asimismo, los Estados deben mantener sus servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la distribución de métodos contraceptivos, la atención prenatal y posnatal, los servicios para prevenir las infecciones de transmisión sexual y aquellos para la interrupción del embarazo dentro de las posibilidades que consagra su orden jurídico.

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En el ámbito económico, la Comisión destacó que la pérdida de ingresos y reducción de las actividades productivas son factores adicionales al incremento de los niveles de desigualdad y pobreza que afecta a las mujeres, particularmente a quienes son cabezas de familia.

“Los Estados deben adoptar medidas orientadas a superar el impacto desproporcionado de la crisis económica sobre las mujeres, promoviendo su reintegración socioeconómica mediante medidas de alivio o apoyo económico”, señaló la CIDH.

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Además, el organismo hizo un llamado para que las mujeres profesionales de la salud y el trabajo social, quienes actúan en la primera línea de respuesta a la pandemia de la COVID-19, tengan la protección adecuada en la lucha contra la enfermedad.

Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró que la adopción de medidas debe tener como condición indispensable la participación de mujeres y expertas en género en posiciones de toma de decisión en los comités y grupos de trabajo de respuesta a la crisis causada por el nuevo coronavirus.

Así se aseguraría la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, implementación, ejecución y monitoreo de las medidas y políticas adoptadas en respuesta a la pandemia.

Ello debería partir desde un enfoque interseccional, teniendo en cuenta los contextos y las condiciones que potencializan los efectos de la crisis como la precariedad económica, la condición de migrante, la privación de libertad, origen étnico-racial, la orientación sexual, la identidad o expresión de género, entre otras.