El Informante: Transparencia y crisis , por Ricardo Uceda
La discusión sobre los mecanismos de control durante la emergencia. Suspenden la respuesta a los pedidos de acceso a la información pública. Cifras engañosas respecto del avance del COVID-19 en el Perú.
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El debate en el Congreso sobre el control del gasto público pasó desapercibido por la simultaneidad de otras discusiones también relevantes, como la del retiro de fondos de las AFP. Hubo una puja intensa. El viernes 3 el pleno decidió, por mayoría, que hubiera control concurrente a los desembolsos para la emergencia del COVID-19.
Dejó para más adelante la decisión de aplicarlo a todas las obras del Estado, algo que no es del agrado del gobierno. Apoyado por el Partido Morado, su idea es que si la Contraloría mete las narices mientras se gasta, el organismo que dirige Nelson Shack tendría un poder excesivo. Además, como el control en tiempo real es informado públicamente, existe el riesgo de que aparezcan errores, negligencias o delitos en la gestión. Algunos casos se conocieron en los últimos días, precisamente por informes de la Contraloría General de la República (CGR) a propósito de gastos estatales para contrarrestar la pandemia.
El control concurrente es un acompañamiento de la CGR al manejo de una obra pública desde sus inicios hasta que concluye. Emite advertencias que el gobernante no está obligado a aceptar y a los que puede acceder cualquier ciudadano. Es más completo que un control preventivo basado en visitas esporádicas, y supera en calidad al control posterior, una suerte de autopsia de un proyecto. La CGR no consiguió resultados punitivos cuando intervino al final. En los últimos diez años inició 2,538 procesos judiciales a más de 15,000 personas, obteniendo solo 256 sentencias. Fueron sancionados menos de quinientos funcionarios.
Solo la emergencia
Ya se han estimado las pérdidas elevadísimas por la corrupción: 15% del presupuesto del Estado, 20,000 millones en 2019. Con la idea de que lo mejor era prevenir, el contralor Nelson Shack, autorizado por el Congreso, aplicó control concurrente en la reconstrucción del norte. Hizo 78 intervenciones e identificó 487 situaciones adversas, evitando mayores gastos por US$ 26.5 millones. La CGR gastó 2.7 millones: un beneficio de diez veces respecto del costo. Hay más ejemplos -los Panamericanos, las obras iniciales del aeropuerto de Chinchero-, pero la discusión sobre las ventajas del control concomitante en un país tan afectado por la corrupción prácticamente ya no existe. Es lo mejor. En 2019 el Congreso no llegó a aprobar una ley que sacara a este sistema de la excepcionalidad en que estaba, para generalizarlo a partir de un cierto monto. Cuando el nuevo Congreso se instaló, Shack le pidió a su presidente, Manuel Merino, que pusiera el proyecto en agenda.
También se lo planteó a Martín Vizcarra. La última vez durante la reunión del Consejo de Estado celebrada en marzo. El presidente captó que la iniciativa de generalizar el control concurrente se vería pronto en el Congreso, y ahora hay evidencias de que la idea no le gustó. Cuando pidió facultades para legislar ante la crisis del COVID-19, incluyó un proyecto que limitaba el control concurrente al período de emergencia. De modo que el Congreso se vio ante dos propuestas: una de la CGR, que evolucionó hacia una moción multipartidaria, y otra del Poder Ejecutivo. Las diferencias no eran menores.
Cómo se discutió
Antes del pleno del 26 de marzo, la Presidencia del Consejo de Ministros propuso un texto que limitaba el control simultáneo a la mera verificación de si los gastos estaban conforme a ley, para lo cual solo bastaría enviar abogados. Tampoco otorgaba presupuesto para la inspección. Ante la falta de apoyo presentó un proyecto de ley más concesivo, que permitía un amplio control a la emergencia del COVID-19 pero sin financiamiento de los gastos. Luego cedió en esto último.
En la discusión –en dos plenos y en una sesión reservada de la Junta de Portavoces– el gobierno, que ya contaba con el Partido Morado, unió fuerzas con Acción Popular, FREPAP, Somos Perú y Unión por el Perú. El líder de este frente fue el ex contralor César Alarcón, de UPP, quien debe responder ante una fiscalía por sus gastos personales sin sustento cuando ejercía el cargo.
Al final una mayoría de congresistas votó por aprobar el control concurrente solo para las obras de emergencia, con financiamiento adicional para la CGR brindado por el MEF. La extensión de la modalidad se verá más adelante. La primera conclusión del debate es que existe consenso para extender el control concurrente, aunque Francisco Sagasti, del Partido Morado, dijo que aún no estaba convencido, con datos duros, de que fuera el camino más adecuado. Edgar Alarcón fue otro escéptico para otorgarle mayores fondos a la CGR. El estimado es de 2% para una obra mayor de diez millones de soles.
Desinformavirus
Al final, la discusión será económica. Es inútil aprobar el mecanismo sin su financiamiento, que incluye la contratación de especialistas en la temática del proyecto.
–¿Les parece mucho 76 millones para fiscalizar 3,800 millones de soles? –preguntó Shack a los congresistas de la Junta de Portavoces, aludiendo a la cantidad que se gastará durante la emergencia.
En momentos en que el gobierno afrontará mayores dificultades por el agravamiento de la crisis sanitaria, hay una tendencia a no producir informaciones que causen más problemas. Injustificadamente ha sido suspendida la satisfacción de cualquier pedido de acceso a la información pública, incluido el que solo necesita soporte electrónico.
Los informes de control sobre compras indebidas de mascarillas e insumos para pruebas no han sido respondidos satisfactoriamente. El ministro de Salud evita informar al respecto. Combatir hoy la desinformación y falta de transparencia es de máxima necesidad.
