La agenda institucional

La agenda institucional de país se nutre al tiempo que se multiplican las acciones para encarar la pandemia del COVID-19. Por un lado, se tienen las medidas en salud; por otro, las acciones de seguridad, la compensación a los sectores vulnerables y las medidas para reactivar la economía. De esos asuntos está hecha nuestra nueva gobernabilidad.

Es obvio e inevitable que los hechos que desencadenaron las medidas de emergencia no son objeto de la misma lectura por parte de las instituciones, o que surjan de la sociedad o de las instituciones iniciativas que sean objeto de intenso debate. Con el Congreso en funciones, forma parte del procedimiento democrático la deliberación, la diferencia y la toma de decisiones por el Parlamento, el Ejecutivo, los organismos constitucionalmente autónomos (como el BCR, por ejemplo) los gobiernos regionales y locales.

Este debate, sin embargo, debe ser franco, con la lealtad democrática que corresponde a la delicada etapa que vivimos, y que exige a sus políticos responsabilidad y realismo, es decir, sujetar el deseo de realizar política partidista, populista o desinformar.

Ya antes de la irrupción de la coyuntura crítica del coronavirus quedaba establecido que las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso no deberían volver a la etapa obstruccionista que impregnó la mayoría fujiaprista, y en esa dirección se empezó a organizar el nuevo Parlamento, varios de cuyos partidos suscribieron un Acuerdo de Gobernabilidad para darle estabilidad al país y pugnar por las reformas.

Con base en ese espíritu, el Congreso ha aprobado las facultades delegadas al Ejecutivo para que legisle un paquete de medidas con el fin de encarar esta difícil situación. Por esa misma razón, el debate sobre el destino de los fondos de las AFP en el corto plazo no puede llevarse a cabo con los códigos extremos que se han visto en las últimas horas, en los que se califica a los que se oponen al retiro del 25% de los aportes como voceros de las AFP o asalariados de estas, inclusive.

Sucede lo mismo con la actividad de las comisiones. Lamentablemente, la Comisión de Fiscalización ha sido entregada a quien, precisamente, no está calificado para esa función, y desde donde se pretende hostigar a los ministerios que están en la primera línea de la lucha contra la pandemia, obligándolos a distraer un valioso tiempo. Bienvenido el equilibrio de poderes y el control político, pero queda claro que estas actividades no pueden realizarse a costa del éxito de las políticas en curso contra el coronavirus. La falta de compromiso con lo más importante no se puede ocultar.