Estado Mínimo

El neoliberalismo impacta en la dinámica económica. Pero para hacerlo, tiene que influir en el funcionamiento del Estado y en lo que desde la sociedad es considerado como problemas públicos. El éxito del modelo ha sido imponer la dinámica de mercado en todos los aspectos de la vida, volviendo los servicios que garantizan derechos en operaciones de mercado.

Antes que estallara la crisis global por el COVID-19, el debate público no daba espacio para una reflexión sobre la salud como derecho. Menos aún un debate serio sobre el sistema de salud pública como pilar esencial de la arquitectura democrática.

Semanas previas a la cuarentena algunos medios reportaron miles de casos de dengue y varios muertos. Pero era una noticia secundaria, no acaparaba portadas ni convocaba a la movilización pública y privada para dar solución al problema. Tenemos una de las tasas más altas de tuberculosis multi-drogo-resistente en el mundo, pero no tenemos una declaratoria de emergencia y una acción decidida para eliminar este mal. ¿Por qué?

Está el aspecto clasista, los afectados por dengue y tuberculosis son personas lejanas a los centro de poder económico y político, simbólica y geográficamente. Pero está también la lógica del funcionamiento de los servicios públicos en tiempos de neoliberalismo. La salud de calidad es una mercancía por la que hay que pagar. El sistema de salud público entonces solo brinda una atención mínima para no ser acusados de indolencia. Cuando los potenciales afectados incluyen a la capital y a todos los sectores sociales, la historia cambia. Se reclama Estado y tomamos nota de la precariedad del sistema público.

Las leyes de la oferta y la demanda han generado, por ejemplo, acaparamiento de mercancías y elevación de precios. Han permitido la especulación del valor de los pasajes aéreos y de transporte terrestre. Compañías que han cobrado 10 veces el valor de los pasajes y centenas de compatriotas desesperados en aeropuertos y terrapuertos buscando volver a casa. Algunos periodistas gritaban: “¡Que haga algo el Estado!”. Pero el Estado, esta versión mínima, no puede.

No se trata de un Estado máximo, encargado de todo, pero sí de uno capaz de brindar servicios públicos esenciales y garantizar derechos para todos como condición de ciudadanía y democracia, y no solo condiciones favorables para el mercado.