Salidas fáciles

Esforcémonos por soluciones eficaces y democráticas contra la inseguridad ciudadana.

Editorial Editorial
10 Mar 2020 | 7:06 h

Sin querer queriendo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha puesto en la agenda pública la pena de muerte en un momento en que fácilmente se puede activar fibras sensibles a razón de recientes crímenes execrables.

El jefe del Estado ha señalado que el tema implica “un cambio normativo que pasa por el Congreso de la República, en consecuencia, estamos próximos a tener una nueva representación; el lunes vamos a tener una reunión con congresistas de cuatro bancadas, vamos a analizar, pero en este día una medida no soluciona el problema”. Estas declaraciones si bien no afirman una posición favorable a esta medida, califican como una inequívoca promesa de evaluarla.

No parece ser una respuesta razonable, incluso si a tenor de ciertos delitos recientes cometidos por menores de edad, se precisa evaluar la política criminal vigente para que la sanción de determinados crímenes perpetrados con ferocidad conlleve medidas más severas. Sobre el punto habría que recordar no solo los actuales estándares internacionales sino que las propuestas sobre la ampliación de la pena de muerte reaparecen de cuando en cuando de la mano de políticos que responden así populistamente a un problema más complejo.

A las declaraciones del presidente han seguido las precisiones consabidas, como que la pena de muerte no es una medida disuasiva, que la tendencia inalterable de las últimas décadas es a su abolición, y que una decisión de tal magnitud implicaría la salida del Perú del sistema interamericano de derechos humanos y sus tratados, con un efecto similar al retiro de cualquier país del sistema financiero internacional.

No se trata exclusivamente de un problema de plazos y trámites. Se trata del respeto de un sistema coherente de leyes que expresan valores y que puso en marcha el Perú en 1979 cuando ratificó mediante una Asamblea Constituyente su adhesión a la Convención Americana de DDHH, y que incluyó desde entonces el derecho de los peruanos a acceder a la justicia supranacional. Ese derecho es claramente inviolable.

La ocasión podría ser empleada para salidas democráticas, constructivas y eficaces. Contra la idea de matar a los delincuentes sin que ello implique suprimir el delito, se alzan experiencias exitosas basadas en la prevención con participación de la escuela, la familia y la comunidad; la atención temprana de los problemas de conducta para que las faltas no evolucionen a delitos; y la erradicación de la impunidad. Esforcémonos colectivamente en esa perspectiva.