Ministra de Producción: "La acusación fiscal carece de asidero legal” [VIDEO]

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02 Mar 2020 | 21:04 h
Fiscalía pide 9 años de cárcel para ministra de Producción. Foto: La República.
Fiscalía pide 9 años de cárcel para ministra de Producción. Foto: La República.

Rocío Barrios Alvarado rechazó la solicitud del Ministerio Público de 9 años de prisión efectiva por el presunto delito de peculado.

La actual ministra de Producción, Rocío Barrios Alvarado, rechazó la acusación en su contra del Ministerio Público el cual solicitó 9 años con 3 meses de pena privativa de la libertad y la imposición de 487 días de multa e inhabilitación “por el mismo plazo que dure la condena”.

En función a los hechos descritos, la acusación fiscal carece de asidero legal, toda vez que mi accionar al expedir la Resolución Directoral N° 303-2014-PCM/OGA, fue emitida en estricto cumplimiento del marco legal vigente; en concordancia con el pronunciamiento del Tribunal de Contrataciones del Estado, no habiéndome apropiado de dinero o caudal alguno que me hubiere sido confiado, pues dichos pagos le fueron transferidos a las mencionadas empresas a través del área de Tesorería; no mucho menos causé perjuicio alguno al Estado”, se lee en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter.

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En efecto, la Fiscalía emitió un requerimiento de acusación fiscal contra la ministra de Producción por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso cuando laboraba en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en el 2014.

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Asimismo, se señala que en dicho año Barrios se desempeñó como Directora General de la Oficina General de Administración de la PCM y habría favorecido a las empresas Casa Importadora Andrea S.A.C. y Grupo Torres & Torres S.A.C. incurriendo en el delito mencionado.

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Ante ello, la actual ministra afirmó que dicho acto administrativo, donde se realizaron pagos de S/. 110,123.83 y S/. 67,155.57 por servicios de mantenimiento de la PCM, responde “estrictamente” a lo indicado en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

De igual manera, precisa que dicho organismo ya se pronunció a través de “innumerables opiniones” sobre la legalidad de los pagos que se hicieron a los proveedores “aun cuando el servicio haya sido obtenido sin observar las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado”.

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Seguidamente, afirmó que el coordinador encargado de Transportes de la Oficina de Asuntos Administrativos de la PCM, emitió los informes correspondientes a la presentación de servicios por dichos mantenimientos y que no se efectuaron los pagos en aquella ocasión “por falta de presupuesto”.

Por último, Rocío Barrios aseveró que en la misma Resolución se efectuó “el deslinde de responsabilidades al fin que se determine responsabilidad administrativa a que hubiera lugar de los funcionarios o servidores públicos que estuvieron involucrados en el no pago oportuno de las citadas deudas”.

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Rocío Barrios: “Pongo mi cargo a disposición”

Posteriormente, la ministra afirmó que se enteró de la acusación de la Fiscalía cuando se encontraba en Iquitos por lo que se comunicó con el primer ministro, Vicente Zeballos, para informarle de la situación. Del mismo modo, anunció que puso su cargo a disposición del presidente de la República, Martín Vizcarra.

“Cuando me he enterado en las noticias, lo primero que he hecho es llamar al premier (Vicente Zeballos) para mencionarle que estaba presentándole mis descargos y que como correspondía ponía mi cargo a disposición. Me dijo que no me preocupe, que esté tranquila y que haga las aclaraciones”, manifestó Barrios durante una entrevista en Canal N.

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Por otro lado, Barrios aseguró que debido a que el presidente se encontraba en reuniones le escribió un chat escribiéndole: ‘Señor presidente, estoy presentando mis descargos, estoy haciendo llegar la información, pero también quiero recalcarle que mi cargo está a disposición para lo que usted considere pertinente’”.

Cabe recordar que fue el fiscal Edwin Manrique Durand quien formuló el documento, en el que también se les atribuye el delito a los funcionarios de la PCM, Ángel Portugal Vargas, Carlos Escalante Coca, Ángel Cornejo Alejandro y Carmen Ibarcena Espinoza.