Procuradora Silvana Carrión: “Si Odebrecht no cumple, se le revocará los beneficios”

El caso Lava Jato no se reduce a la constructora Odebrecht ni mucho menos. Alcanza hasta el momento a 34 empresas nacionales y extranjeras, entre ellas 5 brasileñas. Además de la mencionada Odebrecht, están incluidas Camargo Correa, OAS, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez. Todas deberán pagar reparación civil. Hasta el momento son 600 las personas naturales que están comprendidas en el caso, informó la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión Ordinola.

“¿Qué ocurrirá si Odebrecht decide no seguir aportando información como parte de sus obligaciones de la colaboración eficaz?”, le preguntó La República.

Carrión asume la Procuraduría del caso Lava Jato después del escándalo que protagonizó su predecesor, Jorge Ramírez Ramírez. La nueva procuradora enfrenta la tarea de disipar toda sospecha de que en el Ejecutivo se trata con guantes de seda a Odebrecht y que las autoridades están sometidas a sus caprichos. Silvana Carrión asegura que no es así, que no hay deferencias con la corrupta compañía constructora ni con otras compañías. De hecho, informó que Odebrecht continúa cooperando, en cumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz, y que el 10 y 11 de marzo serán interrogados en Curitiba, Brasil, Jorge Barata y Rodney Carvalho sobre el proyecto del gasoducto del sur.

Bajo vigilancia

“La gestión de la Procuraduría obviamente no está ceñida solamente al caso Odebrecht, sino a otras empresas brasileñas y también peruanas vinculadas a esta. Pero respecto a Odebrecht en específico vamos a ver ahora cómo siguen los avances de la información que ellos entregan dentro del marco de la colaboración. Vamos a ver cómo la fiscalía avanza también con la corroboración de esa información y ver cuál es el comportamiento de la empresa. Creo que en un marco de negociación como es el procedimiento de colaboración, donde dice que una negociación es tanto en temas de pretensiones penales como pretensiones civiles. Entonces, en ese marco de negociación, lo más óptimo es que ese campo sea lo más claro posible. Nosotros desde la Procuraduría evaluaremos cuál es el comportamiento de la empresa”, detalló Carrión a La República.

El anuncio de que Odebrecht había demandado al Estado peruano por la suspensión del proyecto del gasoducto del sur, y que reclamaría una indemnización de US$ 1.200 millones, dejó la sensación de que la constructora brasileña pretendería zafarse de los acuerdos con las autoridades judiciales y recuperar su dinero supuestamente invertido. “¿Ajustará a Odebrecht para que sea más proactiva dentro del marco de colaboración eficaz?”, preguntamos a la procuradora.

“Todo el tema de información y documentación que tiene que ver con el reconocimiento de hechos ilícitos es un campo que tiene que ver con la fiscalía”, explicó Carrión: “De hecho, en el acuerdo de colaboración hay obligaciones a las que se han comprometido y las que tienen que cumplir los colaboradores, tanto la persona jurídica –la empresa– como las personas naturales. Si la fiscalía observa o verifica que los colaboradores –las personas jurídicas y las personas naturales– no vienen cumpliendo con la entrega de la información o no cumplen con sus obligaciones del acuerdo, tienen la facultad de revocar los beneficios en este caso. Pero esa es una evaluación que hace la fiscalía respecto a la información que le da la empresa. Hasta ahora, la empresa continúa dando información, hasta donde tengo conocimiento. La semana pasada hizo entrega de otro paquete de informaciones a la fiscalía y esta evalúa obviamente la información relevante para sus investigaciones”.

Delitos reconocidos

“Si bien la evaluación de la actuación de los colaboradores eficaces corresponde a los fiscales, la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato participa de algunas diligencias con el propósito de determinar la reparación civil y velar por el cumplimiento de su ejecución”.

“Finalmente somos parte de ese acuerdo de colaboración y es la fiscalía que nos convoca para asistir a las diligencias en Brasil para coadyuvar en algunos esclarecimientos de los hechos. Sobre todo para conocer qué hechos está reconociendo la empresa para poder medir correctamente la reparación civil. Siempre estamos vigilantes en los temas de reparación civil”, explicó Silvana Carrión.

La destitución del exprocurador Jorge Ramírez arrastró a los exministros de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, y de Justicia, Ana Revilla. Los sectores críticos del gobierno sostenían que el hecho representaba un triunfo de Odebrecht sobre el régimen. “¿Palacio de Gobierno le ha dado instrucciones sobre cómo tratar el caso Odebrecht?”, interrogamos a la procuradora.

“No, por los menos desde la posición que yo ocupo en este momento en la Procuraduría ad hoc. No he recibido ninguna instrucción, ninguna comunicación que vaya en ese sentido. De hecho, los procuradores somos autónomos y las decisiones que tomamos obedecen a las mejores estrategias que se evalúan y se diseñan para cobrar la reparación civil. En realidad, desde la Procuraduría no ha habido ningún miembro que haya tenido la intención de favorecer a Odebrecht”, respondió.

También es materia de cuestionamiento el monto de la reparación fijada para Odebrecht, porque no es considerable y se le dio un benevolente programa de pagos. “¿Fue un error que la Procuraduría pidiera que se pagara a Odebrecht 524 millones de soles de un solo golpe, y aceptar que abone la reparación civil de 610 millones en cómodas cuotas mensuales?”, preguntamos a Silvana Carrión.

La fórmula secreta

“La devolución de los fondos que al final fueron 440 millones de soles fue una liberación de fondos que se dio en el marco del beneficio otorgado por la fiscalía. Este es un beneficio que la ley solamente dice que fiscalía puede otorgar a la empresa colaboradora y la fiscalía le concedió ese beneficio. Y este fue aprobado por la jueza. La jueza dijo que ese beneficio era legal, era proporcional y era razonable, además porque la jueza señaló que la información que había dado la empresa hasta ese momento por los cuatro proyectos era sumamente importante y valiosa para las investigaciones. El beneficio no lo concede la Procuraduría porque no tenemos competencia para eso, lo concede la fiscalía, que finalmente fue aprobado por la jueza”, argumentó Carrión a este diario.

De acuerdo con la versión de la procuradora, la fijación de la reparación civil de los 610 millones de soles no fue el resultado de un estimado antojadizo, sino de la aplicación de una fórmula.

“No es que la Procuraduría ad hoc fijó un monto elevado o bajo. La fórmula tiene un procedimiento. Los insumos para determinar la fórmula son todos los pagos que el Estado peruano ha hecho a la empresa por los proyectos. A esos datos se aplican unos factores que trae la fórmula que finalmente arroja un monto determinado. Ese es el monto que finalmente se fijó como reparación civil. La fórmula es establecida por un equipo del MEF, pero que está contenido dentro de un reglamento”, explicó.

Nueva cita en Curitiba es sobre My Web Way

La diligencia del 10 y el 11 de marzo en la ciudad de Curitiba, Brasil, será para que los exejecutivos de Odebrecht Jorge Barata y Rodney Carvalho confirmen la información entregada al Equipo Especial Lava Jato sobre los hallazgos de pagos ilícitos en el sistema de My Web Day y Drousys, cuyos softwares están a cargo de la empresa GR Compliance.

A poco de iniciarse el juicio oral para determinar la reparación civil en el caso del reajuste ilegal de la tarifa del peaje de Línea Amarilla –que fuera de propiedad de la brasileña OAS–, la procuradora Silvana Carrión solicitó el pago de 104 millones más 1 millón 214 mil dólares como resarcimiento económico para el Estado.

“Para nosotros ese monto debe ser asumido de manera solidaria por la empresa LAMSAC, que ha sido incorporada al proceso como tercero civil responsable, y por el exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima Domingo Arzubialde, que ya ha sido condenado por el delito de negociación incompatible por este caso”, dijo la procuradora Carrión.

El dato

Silvana Carrión asumió la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato luego de la salida de su predecesor. Tiene al frente un gran desafío.