Deudas Millonarias
“Merecemos la mayor transparencia del TC. Su decisión podría afectar seriamente las arcas del Estado”.
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Un grupo de grandes empresas en nuestro país podría lograr algo que solo aparece en los sueños del común de las personas que tenemos deudas. Que nos perdonen los intereses y nos cobren solo el capital, o que el cobro prescriba. Esto no pasa. Pero podría ser realidad para ellas.
El TC debe resolver dos casos que podrían dar origen a una lluvia de millones. El caso del Scotiabank, que abriría paso a casos como el de Telefónica. Este banco, luego de años de litigar contra la SUNAT, no quiere pagar los intereses atribuidos a su deuda. Suena irónico, ¿no? Un banco no quiere pagar intereses. Aluden una demora en el procedimiento. Para volverlo más irónico, en el origen de este caso Vladimiro Montesinos ofreció al gerente del banco Wiese-Sudameris, antes de la compra por Scotiabank, demorar ese procedimiento (Vladivideo 1789).
Sobre la exigibilidad de los intereses de estas deudas el TC tiene sentencias a favor de SUNAT en los años 2012 y 2013, pero tiene una en contra en el 2016. En esa sentencia el ponente fue el magistrado Sardón, quien resulta ser pariente de un funcionario del Scotiabank de Chile. El magistrado se ha excluido del caso, pero la sentencia previa juega a favor del banco. ¿Recuperará el TC la línea de las sentencias del 2012 y 2013? ¿O confirmará la sentencia del 2016?
El segundo caso es peor. Trata sobre la inconstitucionalidad del DL 1421, sobre prescripción tributaria, promovido por el Colegio de Abogados de la Libertad con el apoyo del Estudio Gálvez y Dolorier. De aceptar esta demanda el Estado perdería S/ 11 mil millones. Solo 22 empresas concentran S/ 9 mil millones de esa deuda. ¡Vaya regalito, ¿no?!
El caso trata sobre los efectos de la notificación de la existencia de la deuda en el cómputo del plazo de prescripción. Los demandantes pretenden que esa notificación no surta efectos, lo que resulta absurdo. El DL 1421 sostiene que el Código Tributario debe entenderse en sentido contrario. La CONFIEP y la CCL pretendieron que el congreso pasado derogue este DL. No lo lograron. Por su vigencia el Estado peruano ganó a la minera Buenaventura que pretendía la prescripción de una deuda cercana a S/ 1 500 millones.
El debate de estos casos debe ser público. Merecemos la mayor transparencia del TC. Su decisión podría afectar seriamente las arcas del Estado.
Marisa Glave. Autor de contenidos y de las últimas noticias del diario La República. Experiencia como redactor en varias temáticas y secciones sobre noticias de hoy en Perú y el mundo.
