Walter Aduviri desde prisión: “Mi condena es un escarmiento para que ningún ciudadano levante la voz”

Liubomir Fernández

Walter Aduviri contestó un cuestionario de preguntas desde su encierro. La autoridad regional, condenada a seis años de prisión, insiste en su inocencia. La Primera Sala de Apelaciones ratificó la sentencia por los disturbios ocurridos en el Aimarazo, protesta social acaecida en el gobierno de Alan García para oponerse a las concesiones mineras.

Tras más de cinco meses de encierro, cuál es su mea culpa...

Mi encierro es injusto y ajeno al corto periodo de mi gobierno. Por lo tanto, no hay razón para un mea culpa. Mi encierro es producto de una justicia corrupta, politizada, me sentenciaron sin ningún medio probatorio. [La] justicia de la región Puno [está] al servicio de la gran minería transnacional, [que] cumplió sus grandes objetivos: saquear los recursos naturales alineados a los intereses de los gobiernos neoliberales, en donde su pensamiento único es encarcelar a los que piensan distinto (…). Estos gobiernos neoliberales, incluido el de Vizcarra, me tienen de prisionero político de este sistema, gracias a su brazo político en el sistema judicial de la región Puno...

Fue elegido con expectativa enorme, pero en sus cortos meses de gestión muchos ciudadanos se sintieron defraudados.

A mí me eligió la población y no un sector de la prensa. Sin embargo, ese sector [de la prensa] —con los políticos tradicionales, exasesores PNUD, exgerentes de gestiones anteriores, coludidos con otros sectores (Poder Judicial, Ministerio Público), así como con dueños y miembros de los directorios de algunos medios de comunicación— nunca estuvo de acuerdo con mi elección. Todos ellos, una vez ya electo, complotaron contra mi gestión. Por ejemplo, cuando unos asistentes administrativos enamoraban, el culpable era el gobernador y eso en algunos diarios salía full portada. Ahora hay muchas denuncias y nadie dice nada...

Mi Región, su movimiento político, reveló que no estaba cohesionado. A todas luces era una agrupación electorera. Tras su encarcelamiento, Agustín Luque marcó distancia de su discurso, ¿qué podría decir usted del vicegobernador?

Mi Región está inscrito en el jurado. Tiene sus militantes y bases. Ahora, el señor [Agustín] Luque no es afiliado a Mi Región. Al vicegobernador, dos cosas: bien trabaja por el desarrollo de la región o, en todo caso, que el Consejo Regional declare [su] vacancia por incapacidad.

¿Está arrepentido de confiar en Agustín Luque y varios consejeros incluidos en Mi Región?

Por supuesto que sí. Siempre se pensó en la buena voluntad de cada uno de ellos. Es por eso que el presidente del movimiento Mi Región lo separó de la organización. Mi Región no gobierna.

Sus abogados aseguran que usted fue presionado por consejeros para que puedan administrar obras y personal. Si fue así, qué cosa le pidieron.

Un sector de consejeros sí tuvo intereses personales y supuso un gobierno dividiéndose las gerencias, como si el GORE fuera su chacra. Eso nunca se les permitió ni se les permitirá.

Según el INPE, usted recibe constante información del exterior. ¿Qué podría decir de la gestión de su sucesor hasta este momento?

La información es libre. Los periódicos ingresan para todos. La gestión de mi sucesor es un desastre con denuncias de actos de corrupción en distintas UE —Unidades Ejecutoras— (...). A la fecha, no se gestionó ni un sol ante el Gobierno central. Mi persona, en tan solo siete meses y ocho días, gestionó recursos por encima de los 197 millones de soles, solo en presupuesto de inversiones (…). Y por el otro lado se ve el blindaje de una parte de la prensa regional y ni hablar de los consejeros (…). En mi corta gestión, nos ubicamos en el primer lugar a nivel macrosur y el tercero a nivel nacional.

Hasta el momento, los pasos que ha dado judicialmente le han salido mal. ¿Qué va a pasar si la Corte Suprema confirma la sentencia en su contra?

A ver. Las sentencias en primera y segunda instancias han sido sin ninguna motivación aduciendo solo pruebas indiciarias. Se habla de llamadas telefónicas, pero ellos mismos [los jueces] reconocen que no conocen el contenido de esas llamadas. La misma sentencia tiene un trasfondo político para hacerla ver ante la población en general como un escarmiento, para que en adelante [ningún poblador pueda levantar su voz]. Ahora, en el caso de la casación, confío en la pluralidad y objetividad de la sala. En adelante, quedaría agotar la vía constitucional y luego la CIDH.

En sus escritos que salieron a luz pública, dejó entrever que el Gobierno estaba tras su encarcelamiento. ¿En qué pruebas se ampara para decir ello?

Sí, me ratifico. En marzo de 2019, me llegó un oficio del general de la PNP disponiendo investigar cuantas denuncias hubiera contra mi persona. Segundo, en el momento de mi secuestro y captura por un grupo de delincuentes encapuchados con armas de largo y corto alcance, me encañonaron con el objetivo de asesinarme, me arrebataron del interior de un taxi. [Ellos lo llaman servicio de inteligencia], ¿bajo el mando de quién está la inteligencia? ¿Acaso no es del ministro del Interior? Tercero, al gobierno de Vizcarra no le cayó bien el proyecto de gas vía ducto de Desaguadero a Puno. Siempre fui enemigo de los gobiernos neoliberales, incluido el de Vizcarra, por pensar distinto. El actual gobierno de facto persigue a los dirigentes y gobiernos regionales que luchamos por la recuperación de los recursos naturales.

Le dieron prisión preventiva porque no cumplió reglas de conducta. Lo sentenciaron e ingresó a la clandestinidad. ¿No cree que está usted pagando sus propios errores?

No. Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia. La prisión preventiva estuvo inmersa en intereses políticos (…). El Poder Judicial me sentencia de coautor [no ejecutivo de disturbios] sin ningún medio probatorio.