Junta borrascosa

La lucha anticorrupción no avanzará mientras permanezcan en la Junta de Fiscales Supremos cuatro magistrados controvertidos.

Editorial Editorial
17 Feb 2020 | 4:15 h

¿Puede funcionar vigorosamente la Fiscalía de la Nación mientras en su más alto organismo permanezcan, prendidos al cargo, cuatro magistrados presuntamente vinculados a la perniciosa organización delictiva ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’? ¿Es saludable para esta crucial institución que no se renueve, o remueva, a cualquier fiscal que está bajo sospecha?

Hemos pasado por episodios demasiado graves –incluso delirantes– en el ámbito judicial como para que aún quede un territorio donde la sombra de la corrupción navega al parecer sin muchos problemas. Eso es lo que está pasando aún en la Junta de Fiscales Supremos, la instancia mayor del Ministerio Público, de la que dependen cuán firme se sea en perseguir el delito.

Nada menos que cuatro de los seis fiscales que la componen tienen un audio que los asocia (en algunos casos mediando la tristemente célebre palabra ‘hermanito’) con el exjuez César Hinostroza, quien se encuentra en España mientras se tramita su extradición. Tomás Gálvez, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, Luis Arce y Pedro Chávarry exhiben ese penoso honor.

Gálvez, además, ha salido recientemente en algunos medios de manera un tanto díscola, y les ha faltado el respeto a las periodistas de TV Perú Perla Berríos y Carla Harada. “Mujer, ¿qué? ¿Hablo quechua? ¿No estás entendiendo?’’, le dijo a esta última, en un tono que exhala machismo y hasta cierto desprecio a la cultura andina. No ha sido, por desgracia, su único exceso en los últimos días.

Como ha señalado el Fiscal Superior Adjunto de la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, Martín Salas –en entrevista a este diario–, el actual Fiscal Supremo considera que los aportes de Odebrecht a las campañas políticas no constituyen un delito. Y que el ‘pitufeo’ (hacer pequeños aportes bancarios para eludir el lavado de activos) tampoco.

Más aún, en la áspera entrevista que sostuvo con las mencionadas periodistas, llegó a decir que “mentir no constituye una infracción penal o administrativa”, una sentencia impropia para alguien que tiene el deber supremo de cercar a quienes delinquen. Arce, Monteza y especialmente Chávarry, quien ejerció la Fiscalía de la Nación, también tienen borrones inolvidables en su trayectoria fiscal.

Salas ha pedido a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que suspenda temporalmente a Gálvez, por adelantar opinión en el caso Odebrecht. Pero este organismo, o el próximo Congreso, debería a la vez reconsiderar la presencia de los otros tres fiscales que aparecen en audios comprometedores. No hacerlo es dejar que una borrasca de sospechas planee sobre el Ministerio Público.