Procurador disuelto

Jorge Ramírez, procurador ad hoc del caso Lava Jato, termina incinerado en un laberinto que comienza a traer más cola, hasta el punto de provocar una crisis ministerial.

Editorial Editorial
14 Feb 2020 | 5:42 h

¿Tenía ahora el abogado Jorge Ramírez la llave maestra que podía cerrar todos los caños del conflicto suscitado a partir de la renuncia del ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen? ¿Su salida del cargo de procurador iba a calmar la tormenta en curso? Si alguien pensó eso, dentro del Ejecutivo, al final no consiguió colaborar eficazmente con el gobierno.

Un procurador es un abogado que defiende al Estado cuando se presenta una controversia que lo involucra. El encargo de Ramírez era representarlo nada menos que en el caso Lava Jato, ese terreno tan pero tan minado que cualquier paso en falso puede levantar polvareda política o, incluso, como está ocurriendo ahora, provocar una cadena de renuncias de alto rango.

La labor de Ramírez no había sido descaminada, tal como lo han reconocido los fiscales del caso Lava Jato al producirse su salida. Su apoyo, activo y decidido según los fiscales, para que funcionara el ‘acuerdo de colaboración eficaz’ con la empresa Odebrecht, había arrojado resultados. Entre ellos el pago progresivo de 610 millones de soles como reparación civil.

El detonante de su salida fue que, en enero, sostuvo una reunión con funcionarios de Odebrecht y con el ahora exministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu Yonsen y funcionarios de su sector. Suena extraño que un procurador aparezca en una reunión de orden más técnico, en la que se buscaría evitar que la empresa demande al Estado por su inversión en el Gasoducto Sur.

Pero Ramírez ha insistido en que todo lo hizo con conocimiento de la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, hoy también renunciante, e incluso del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos. Y que su objetivo, en todo momento, era que se afirmen las rutas para que se pague la reparación civil y que se evite tal demanda ante el CIADI, hoy ya presentada.

Vistos los hechos, lo que aparece como más cuestionable no es el trabajo de Ramírez, sino la consultoría del exministro Liu Yonsen para Odebrecht. No se entiende, por eso, el apuro en sacarlo. Máxime si su salida ha provocado la salida de dos ministros más, como son Flor Pablo, la ministra de Educación; y Edmer Trujillo, el ministro de Transportes y Comunicaciones.

La salida de Trujillo era justa y necesaria, debido a la denuncia que cargaba por la construcción de un hospital en Moquegua. Pero la magnitud de la crisis ministerial, en un momento político tan delicado, revela una falta de habilidad del Ejecutivo para prever situaciones, medir consecuencias y, sobre todo, elegir con calma a sus funcionarios o, dado el caso, defenderlos.

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