Crisis de gobierno y de trámite abierto

“En los primeros desenlaces solo una parte de la crisis es de gestión de la comunicación; la parte más importante es de conceptos, es decir, de la transparencia de los actos públicos”.

Juan de la Puente
14 Feb 2020 | 5:52 h

Los datos sobre la trama interna de la actual crisis, publicados por IDL Reporteros y A. Álvarez Rodrich, no permiten clasificar lo sucedido con la empresa Odebrecht en alguno de los modelos de la toma de decisiones, aunque considerando que la coyuntura crítica solo ha empezado y evoluciona, algunos elementos deben ser analizados.

El primero es la agregación de hechos que hacen la crisis, evidencia de la debilidad de los actores, es decir, la formación rápida de un mix compuesto por la demanda de Odebrecht al Perú ante el CIADI, la renuncia del ministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu por mantener oculta su asesoría a esta empresa, y las revelaciones de que se negociaba un acuerdo con la misma empresa para evitar que demande al Perú.

Con la salida del procurador del caso Lava Jato Jorge Ramírez el caso pasó al nivel de escándalo; con el cambio de varios ministros y los datos de la trama interna se ha producido una crisis de gobierno que no ha sido cerrada, tiene un trámite abierto, y probablemente será uno de los primeros asuntos que aborde el nuevo Congreso. En los primeros desenlaces solo una parte de la crisis es de gestión de la comunicación; la parte más importante es de conceptos, es decir, de la transparencia de los actos públicos.

El segundo elemento es la performance del Gobierno, que no había experimentado un momento de esa magnitud; colocado en una posición de ofensiva contra los sectores que defendían la impunidad en el caso Lava Jato, es puesto por primera vez a la defensiva. Como en el año 2017, Odebrecht es un problema político para el Ejecutivo.

Para el Gobierno, las consecuencias del cuadro formado son dos: la falta de un criterio común sobre el caso Lava Jato, y la necesidad de un giro oficial, por lo menos discursivo, contra la empresa brasileña.

La trama interna muestra hasta tres temperamentos en el Ejecutivo en medio de la negociación: negociemos ahora, por el bien del proyecto y para aumentar la reparación civil (el exprocurador Ramírez y el exministro Liu, del MINEM); que negocien otros, pero yo no (la ministra Alva, del MEF); y no negociamos con corruptos (el premier Zeballos).

Desde cualquier perspectiva, una negociación que evite una demanda contra el Perú era positiva, aun si se llevara a cabo con una empresa comprometida con actos de corrupción. De hecho, el Estado peruano ha negociado con Odebrecht por lo menos tres veces, el pago de la reparación civil, la colaboración eficaz y el pago de los 432 millones de la venta de la Hidroeléctrica de Chaglla, de modo que no se entiende una negociación encubierta. Esa será hasta el final la gran pregunta de este período.

El giro sobre Odebrecht es inevitable, con o sin negociación. El país debe defender lo avanzado en la lucha contra la corrupción y el logro de las colaboraciones eficaces. Confrontar penalmente con esta empresa en los albores del caso Lava Jato y echarlos del país como exigían muchos, hubiese impedido esas colaboraciones eficaces y favorecido la impunidad. En este nuevo momento, tiene sentido que el Lava Jato peruano avance incluso contra esa empresa; otros valores dentro de la misma expectativa de transparencia son necesarios de defender, entre ellos la fuerza de un país que no puede ser objeto de chantaje.