Oportunistas y oportunidades

“Los ministros peruanos son muy cobardes para pactar una transacción extrajudicial y dejan siempre que se recurra a tribunales”

Rosa Palacios
09 Feb 2020 | 6:31 h

¿Odebrecht, que ha aceptado graves actos de corrupción en cuatro obras públicas y que está negociando la incorporación de otros actos criminales a su convenio de colaboración eficaz, le exige al Estado peruano un pago de 1.200 millones de dólares? Dicho así, es moralmente espantoso. De inmediato han saltado los enemigos de todo acuerdo de colaboración con la empresa a atacar a los fiscales. Apoyados en la misma hampa troll de las redes sociales y de la misma pestilencia de acoso, los memes y la difamación se multiplicaron. Oportunistas, desde los tres fiscales supremos investigados por su vinculación a los “Cuellos Blancos” hasta el expresidente del Congreso, vitoreados por su prensa de siempre, alistaban la hoguera con leña verde para incinerar a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato. Saboreaban un triunfo, de la mano de la estrategia legal de Odebrecht. Hipocresía al margen, estos grupos han sido enemigos jurados de todo acuerdo de colaboración con delincuentes por una sola razón: la verdad, los entierra.

Pero resulta que, pasadas las horas, los oportunistas quedaron en posición adelantada y la verdad se fue abriendo paso con una gran oportunidad para la fiscalía. El Estado peruano tenía causal para la resolución de la concesión del gasoducto en el 2017 por incumplimiento del contratista en el cierre financiero. El problema es que resolvió sin compensar todo o parte de lo ya ejecutado (alrededor de 30%). Los ministros peruanos son muy cobardes para pactar una transacción extrajudicial y dejan siempre que se recurra a tribunales. Esto es siempre más caro, pero exonera de responsabilidad al funcionario pusilánime. Así las cosas, en el peor de los casos, se tendría que cuantificar el gasto efectuado (materiales, ingeniería, etc.), cifra muy distante a 1.200 millones de dólares.

¿Es esto responsabilidad de la fiscalía? No. Es solo responsabilidad del Ejecutivo. Pero, siendo el proceso ante el CIADI (si este lo acepta, que está por verse) muy largo, ¿qué pasa si la fiscalía prueba que el contrato se ganó mediante actos de corrupción? Si es así, se pone en vigencia la cláusula anticorrupción que si tiene ese contrato y no se paga nada. ¿Por qué no se invocó esta cláusula el 2017? Hasta la fecha, Odebrecht ha reconocido el pago de montos ilícitos (contabilidad secreta de Caja 2) a personas particulares, pero niega todo pago de sobornos a funcionarios públicos. Será difícil probar cohecho porque la empresa se niega a colaborar o porque en efecto tales sobornos no existieron. Pero el soborno no es el único delito que se comete para obtener un contrato con el Estado. Y aquí se abre un camino muy interesante.

¿Puede probar la fiscalía que existió un pacto colusorio entre personas y empresas particulares para defraudar al Estado peruano en beneficio de Odebrecht? ¿Es posible? Recordemos que, como ha publicado la exministra de Energía y Minas Rosa María Ortiz, a las generadoras eléctricas no les convenía, ni conviene, el proyecto. Es cuestión de mirar bien lo recogido hasta hoy y cambiar el enfoque de la fiscalía. Esto no es tan espectacular en términos mediáticos, pero logra un objetivo inesperado: se puede llevar a Odebrecht a juicio como procesado, sin los beneficios de colaboración eficaz. No se paga un centavo por la resolución del contrato y la reparación civil puede ser contundente. Lo que parecía una derrota, puede ser una gran victoria. He ahí la oportunidad. Ojalá, no se pierda.