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Política

El menú de la suprema salsa mafiosa

La urgencia de reformar el Ministerio Público peruano.

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Es extraña y sospechosa la afirmación del fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez de que financiar una campaña con la expectativa de luego ganar obras públicas si ese postulante gana no constituye un caso corrupción.

Eso fue lo que sostuvo este fiscal supremo ayer en una entrevista matutina en Radio Nacional en la que trató de ofrecer más argumentos, con escasa fundamentación, de que es indispensable retirar a los fiscales lava jato Rafael Vela y José Domingo Pérez porque, según su versión, en la práctica actúan como abogados de Odebrecht.

“Los que reciben tenían que saber el origen delictivo y, en consecuencia, no se va a poder calificar como lavado de activos. El pitufeo es otro delito, porque ellos entregan plata, pero no quieren aparecer como donantes porque tienen la expectativa de ganar obras en el futuro. Eso no es corrupción”, dijo el fiscal supremo Gálvez.

Este fiscal supremo, como se sabe, está siendo investigado por el caso de los ‘cuellos blancos del puerto’, y hace dos meses recibió, por ese motivo, un impedimento de salida del país por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias, cohecho, patrocinio ilegal y organización criminal.

En situación igualmente comprometedora están otros dos integrantes de la junta de fiscales supremos, el exfiscal de la nación Pedro Chávarry y Víctor Raúl Rodríguez Monteza, lo cual perfila a una entidad tan importante como el Ministerio Público con serios problemas en su dirección que se reflejan, también, en muchas instancias de una institución que es fundamental para la defensa de los intereses de la ciudadanía y la lucha contra la corrupción.

No es el caso, obviamente, de todos sus integrantes. Están, de manera visible, miembros del equipo especial como Vela y Pérez, a quienes les han puesto la puntería varios funcionarios interesados en defender a la mafia –de hecho, Chávarry los defenestró en la noche de año nuevo de 2019–, así como la fiscal de la nación Zoraida Ávalos.

Pero una entidad no puede depender del desempeño individual, sino que debe contar con estructuras que minimicen la posibilidad de fomento de la corrupción, y eso es lo que urge lograr en el ministerio público con una reforma a fondo que aún está pendiente.

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