Todos lo comentan, pocos lo delatan

Algunas personas delatan a las mafias de tráfico de suelo, pero son pocas y tienen miedo. La jauría del sur, con la detención del alcalde de Punta Negra como presunto cabecilla de la red criminal, junto a otros funcionarios municipales, miembros de la PNP y un juez de paz, ha hecho suficiente ruido como para escalar a los titulares. ¿Será esta noticia suficiente empuje para que el Ministerio del Interior destine recursos para un equipo especial que investigue esta modalidad criminal? ¿O solo la xenofobia rinde frutos en la política de seguridad?

El tráfico de terrenos es pan de cada día en nuestras ciudades. De hecho ocurre en el preciso momento en que usted lee este artículo. Han hegemonizado la forma de ocupación del suelo. Así como “se sabe” que hay corrupción en la justicia, también “se sabe” que el crecimiento urbano está amarrado al tráfico y a la especulación del suelo.

Los traficantes organizan ocupaciones a nombre de falsas asociaciones, colocan módulos preconstruidos que permanecen vacíos, y cobran cupos. Basta subirse a un carro y recorrer el entorno de la Panamericana Sur entre Cañete e Ica para ver que no hay nadie en los módulos, pero hay gente armada en las tranqueras. Trafican con las ilusiones de personas que no encuentran opciones de vivienda en el mercado formal y que no acceden a ningún programa de vivienda social del Estado, porque al Estado parece no importarle que no tengan dónde vivir.

No son las invasiones de ciudadanos organizados de los 60, son mafias que ganan mucho dinero. Tienen comprados a funcionarios. Logran que les visen planos de ocupación con fechas falsas. Los planos visados, acompañados con informes policiales también falseados, se entregan a las empresas de luz que, como la ley lo manda, les dan el servicio. Luego van a COFOPRI, presentan los documentos con fecha falsa, usan la conexión de luz como señal de “consolidación” y empiezan el trámite de titulación. Con el expediente sellado, a base de documentos trucados y sin tener aún ningún título, estafan y lucran.

Quienes denuncian son amenazados. He acompañado a varios y en la comisaría les exigen dejar su nombre y DNI, poniéndose en situación de vulnerabilidad. Con decisión y un poco de recursos la PNP podría desmantelar las bandas de tráfico. La población los conoce pero no tienen aliados en el territorio. ¿Hará algo el ministro?