Odebrecht: la historia del Gasoducto Sur Peruano

Odebrecht demandó al Estado peruano ante el Ciadi por una indemnización de 1 200 millones de dólares por el caso Gasoducto Sur Peruano.

Parte del Gasoducto Sur Peruano, Calca, región Cusco. Foto: La República
Parte del Gasoducto Sur Peruano, Calca, región Cusco. Foto: La República
Política LR

El caso Gasoducto Sur Peruano volvió al centro del debate, luego que, el último martes 4 de enero, la constructora Odebrecht demandara al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial por el valor de sus activos en el mencionado proyecto.

Según el documento presentado por la constructora brasileña, y que lleva las firmas de sus directores, indica que la resolución del contrato por el Gasoducto Sur Peruano fue “un golpe muy duro", por lo que pide una indemnización de 1 200 millones de dólares.

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¿Qué era el Gasoducto Sur Peruano?

Era un proyecto energético más ambicioso del Perú, que planteaba la construcción de una tubería de 1 000 kilómetros para transportar gas natural desde el yacimiento de Camisea, en Cusco, hacia Moquegua, abarcando seis regiones del país, acción que permitía brindar seguridad en los suministros del combustible.

Gráfico de Proinversión sobre el Gasoducto Sur Peruano.

¿Cuándo se inició el Gasoducto Sur Peruano?

En junio del 2014, Odebrecht, en consorcio con la española Enagas y la peruana Graña y Montero, consiguió la adjudicación de la construcción y operación del gasoducto, luego que el Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, liderado entonces por Edgard Ramírez, exconsultor de la constructora brasileña, descalificó a la unión de las empresas GDFSuez, Sempra, Techint y TGI.

Al centro de la mesa, Eleodoro Mayorga, entonces ministro de Energía y Minas. A su izquierda, Edgar Ramírez, encargado del Comité Pro Seguridad Energética, en la adjudicación de la buena pro al consorcio Gasoducto Sur Peruano. Foto: La República

Representantes del consorcio Gasoducto Sur Peruano Foto: La República

Casi un mes después, el Gobierno peruano, entonces dirigido por el expresidente Ollanta Humala Tasso, suscribió un contrato por 34 años con Odebrecht, Enagás y Graña y Montero por el Gasoducto Sur Peruano, cuya adjudicación fue valorizada por más de 7 000 millones de dólares.

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Terminación del contrato por el Gasoducto Sur Peruano

En febrero del 2017, durante el gobierno del Pedro Pablo Kuczynski, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), entonces a cargo de Gonzalo Tamayo Flores, oficializó la conclusión del contrato de concesión del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del país y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”.

De acuerdo a la resolución suprema, dicha decisión se produjo luego que el consorcio que integraba Odebrecht no acreditaba “el cumplimiento del cierre financiero dentro del plazo contractual establecido”.

¿Qué sucedió? El documento también firmado por Kuczynski Godard indica que la decisión fue tomada el 24 de enero del 2017 y el plazo contractual que fue establecido había caducado en la víspera.

Resolución Suprema N° 004-2017-EM

Un día después del vencimiento del plazo, el consorcio Gasoducto Sur Peruano pagó 65 625 000 millones de dólares y el 27 de enero de ese mismo año, con un segundo pago, completó la penalidad equivalente a 262 millones de dólares.

Publicación del Ministerio de Energía y Minas (27-01-2017)

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Presuntos pagos ilícitos de Odebrecht en caso Gasoducto Sur Peruano

En junio del 2019 se conoció que Odebrecht, además de entregar presuntos pagos ilícitos hasta en cinco proyectos peruanos, también registró transferencias provenientes del Departamento de Operaciones Estructuradas (Caja 2) a vinculados al caso Gasoducto Sur Peruano.

De acuerdo a la información conseguida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ en sus siglas en inglés) y difundida por Convoca, en el sistema operativo Drousys de la constructora se registró 17 transferencias entre el 19 de setiembre al 12 de noviembre del 2014 por un total de 3 070 000 dólares.

Según el informe, fueron diez los beneficiarios finales del dinero salido de la Caja 2 y que pasó por siete empresas intermedias.