El sueño corrupto

No quieren un acuerdo de colaboración perfecto; no quieren ningún acuerdo.

Editorial Editorial
07 Feb 2020 | 1:30 h

La empresa brasileña Odebrecht ha interpuesto una demanda contra el Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el Gasoducto del Sur Peruano. La demanda de arbitraje ante el tribunal es por un monto de 1200 millones de dólares.

El argumento de la empresa es oblicuo; señala que tienen la firme voluntad de preservar el acuerdo de colaboración suscrito con la justicia peruana, pero indican que para ellos fue un golpe muy fuerte la resolución del contrato del Gasoducto del Sur que, aducen, fue motivada por intereses personales para expulsar a la empresa del país. Agregan que no tuvieron éxito en la gestión para recuperar la inversión realizada en ese proyecto y que no han tenido otra alternativa, se supone para compensar las pérdidas.

Es obvio que estamos ante un faltamiento de los compromisos de la empresa. En el acuerdo, esta asumió el pago de una reparación de 610 millones de soles en varias armadas y gestionó luego que el Estado libere 523 millones de soles precisamente para atender sus compromisos financieros. La demanda al Perú ante el CIADI demuestra su falta de sinceridad para abordar el esquema de colaboración eficaz con la justicia peruana, que no le servirá de mucho, ni en el CIADI ni en la comunidad de empresas supuestamente rehabilitada a la que ha ingresado. El mundo ya no opera con los códigos Odebrecht.

Para el Equipo Especial del caso Lava Jato de la Fiscalía, la empresa ha reconocido su responsabilidad sobre el Gasoducto en el marco del acuerdo de colaboración eficaz, aunque la empresa insiste en que sus desembolsos en este caso fueron por la programación de pagos no contabilizados, en tanto que la Procuraduría asegura que el Perú podrá contar en su defensa con la información de Odebrecht.

El proceso Lava Jato ha avanzado suficiente para que no colapse con esta demanda; las pruebas recabadas de la empresa, más las confesiones de otras empresas y personas, permiten asegurar que no habrá impunidad y que el Perú también ganará en el CIADI.

No obstante, la algarada de algunos abogados de acusados de corrupción y sus allegados partidarios y mediáticos no se dirige al Perú ni a su capacidad de enfrentar este giro procesal, sino a los fiscales del caso. Son los mismos que pedían que Odebrecht se vaya del Perú, exigencia sospechosa en la medida que, si se concretaba, no habríamos llegado a esta parte del proceso. El sueño corrupto no es un acuerdo de colaboración perfecto, sino que no haya ningún acuerdo, es decir, que triunfe la impunidad.