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Zeballos sobre demanda de Odebrecht al Estado: “Es una frescura” [VIDEO]

Asimismo, el presidente de la PCM manifestó que el Gobierno aún no ha sido notificado de la demanda presentada por la constructora brasileña.

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Vicente Zeballos indicó que los argumentos de Odebrecht no son sólidos. Foto: La República.
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El primer ministro Vicente Zeballos se refirió a la decisión de Odebrecht de presentar una demanda en contra del Perú, tras la cancelación del proyecto Gasoducto Sur Peruano.

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Al respecto, Vicente Zeballos calificó de “frescura” que la constructora brasileña haya formulado esa solicitud cuando se están encontrado muchos casos de corrupción en su contra.

Vale recordar que el consorcio que se formó para la elaboración del Gasoducto Sur Peruano estuvo integrado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero.

“Graña y Montero ha asumido responsabilidad. El estado situacional de las investigaciones de orden procesal penal que se vienen siguiendo dentro de la autonomía que tienen los fueros judiciales, llámese el Poder Judicial y el Ministerio Público, están poniendo de manifiesto con evidencias concretas que hay graves hechos de corrupción. Resulta irónico poder compartir que a pesar de esos hechos que tienen evidencias manifiestas con carga probatoria suficiente y con las responsabilidades asumidas y reconocidas tengan todavía la frescura a acudir a un arbitraje”, explicó Vicente Zeballos.

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Por otro lado, comentó que la documentación de la demanda “todavía está en condición de pendiente porque no ha sido notificada al gobierno peruano".

Asimismo, Vicente Zeballos sustentó ante la prensa por qué no se deben tener en cuenta los argumentos de Odebrecht.

“Los dos argumentos (de Odebrecht) son una cancelación arbitraria del contrato del proyecto y un marco legal predeterminado para evitar que avance el proyecto”, aseveró.

“En lo que respecta a lo primero, no pasemos por alto que el gobierno se vio obligado a tomar una decisión con previsión –el 24 de enero de 2017- porque el consorcio del cual es parte Odebrecht no alcanzó el cierre financiero; fue una responsabilidad directa de dichas empresas. Por eso el Estado peruano tenía la potestad de ejecutar la carta fianza. Y sobre lo segundo, todo estado tiene legítimo derecho a defender sus intereses contra grandes contravenciones cuando estos son por actos de corrupción!”, dijo.