Luciana León: defensa se allana a la solicitud de impedimento de salida del país

Luciana León también es investigada por el caso de trabajadores fantasmas. Composición: Gerson Cardoso/La República.

La aprista, ausente en la audiencia, viene siendo investigada como presunta miembro de la organización criminal Los Intocables Ediles. La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, fue quien solicitó la medida restrictiva.

Política LR
31 Ene 2020 | 16:11 h

La defensa del la integrante de la Comisión Permanente del Congreso Luciana León, decidió allanarse a la solicitud de impedimento de salida por 36 meses planteada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Este viernes el fiscal Ramiro Gonzales, sustentó las razones por las que el Ministerio Público pide que León no salga del Perú durante 36 meses. Indicó que ese tiempo fue propuesto por la complejidad que implica investigar a una organización criminal, así como por el procedimiento especial que le corresponde como alta funcionaria.

13:54 La defensa además señala que Luciana León no ha demostrado algún intento de fuga. Ambas partes están de acuerdo y culmina la audiencia.

13:46 Inicia con los descargos la defensa de la parlamentaria Luciana León. Señala que se allanan a la solicitud del Ministerio Público. Sin embargo, niega las imputaciones hacia su patrocinada.

13:43 Gonzales manifiesta que “no existe otra medida que indique que la congresista no pueda salir del país. Estamos solicitando 36 meses primero por la complejidad que implica investigar una organización criminal. Por el procedimiento especial que corresponde como alta funcionaria”.

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13:29 El fiscal Ramiro Gonzales sostuvo, además, que hubo presuntos trabajadores fantasmas, pues en un documento llamado “Personal CPA setiembre 2019” mostraba nombres de personas, quienes habrían sido las que cobraron sin laborar en el Congreso.

13:20 En ese sentido, el fiscal supremo adjunto señalo que en la ciudad de Trujillo también se manejó una coordinación indebida para crear una fábrica de ladrillos.

13:00 Hubo una reunión de trabajo entre Mario Muchaypiña Reyes, gerente de la municipalidad de la Victoria y Betsy Matos, el 10 de enero del 2018. Luego fue con funcionarios del ministerio de Vivienda.

12:32 Con las autorizaciones judiciales hubo comunicación entre el exalcalde de la Victoria, Elías Cuba con Alexander, Betsy y Luciana.

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12:20 Luciana y Alexander coordinaron un proyecto en Foniprel por el monto de 13 millones de soles. La aprista le ofreció en ayudarlo e hizo coordinaciones con el Ministerio de Economía. Una vez aprobado Alexander le pagó 80 mil soles. Asimismo, Luciana le pidió a Alexander que contrate a su hermano en una de sus empresas. “Efectivamente habia una vinculación directa con Alexander Peña a través de la asesora Betsy Matos", señaló el fiscal a cargo de la audiencia.

Audiencia

12:15 Alexander Peña, presunto miembro de Los Intocables Ediles, entregaba sobres de manila con dinero al chofer de Luciana León “la señora Luciana León venía por su paquetito”, sostuvo un aspirante a colaborador eficaz, según manifiesta el fiscal.

12:12 Comenzó la audiencia. El fiscal supremo adjunto Ramiro Gonzales sostuvo que los delitos por los cuales se le investiga a la excongresista, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias agravado, peculado doloso y organización criminal fueron principalmente articulados por su, en ese entonces, asesora y están vinculados con la Municipalidad de la Victoria.

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Nota previa

El pedido de impedimento de salida del país contra la aprista Luciana León será evaluado este viernes 31 de enero desde el mediodía. La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, solicitó la medida restrictiva por el plazo de 36 meses, al haberla incorporado como presunto miembro de la organización criminal Los Intocables Ediles.

El juez supremo Hugo Núñez Julca, de Investigación Preparatoria, será el encargado de la audiencia, en la que la defensa de la aprista y el Ministerio Público deberá exponer sus argumentos respecto a la solicitud.

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La integrante de la Comisión Permanente es imputada de los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, tráfico de influencias, peculado y organización criminal.

Según el documento suscrito por Zoraida Ávalos, y al que La República tuvo acceso, las investigaciones preliminares en el caso han generado “nuevos elementos de convicción que evidencian la presunta comisión de delitos (contra la administración pública-peculado doloso) atribuidos” a Luciana León “en el ejercicio de su función” como legisladora.

Cabe resaltar que la imputada es investigada por la fiscal de la Nación, máximo cargo del Ministerio Público, y no por el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, encargado del caso, al ser aún una alta funcionaria de la República.

Investigación contra Luciana León

Según hipótesis de la Fiscalía, Luciana León habría sido el ‘brazo político-legal’ de la organización criminal Los Intocables Ediles, que operó en la Municipalidad de La Victoria hasta el 2018 y fue encabezada por Elías Cuba, exalcalde de la comuna. La asociación es acusada de sobrevalorar obras y servicios públicos para obtener ingresos ilícitos.

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La hija de Rómulo León, quien actualmente tiene licencia suspendida en el Partido Aprista Peruano (Apra), habría recibido pagos de hasta S/20 mil mensuales por gestionar obras a favor de ese municipio ante al menos cuatro ministerios, aprovechando su cargo de congresista.

Betsy Matos, asistente personal de Luciana León en el Congreso, fue la intermediaria entre la entonces congresista y Alex Peña Quispe, otroro cabecilla de la organización criminal. La exfuncionaria ahora estaría colaborando con la Fiscalía.

En el documento que solicita el impedimento de salida, Zoraida Ávalos incluye la decisión de la Corte Suprema de Justicia en la que se estableció "que la prerrogativa de antejuicio político que gozan los altos funcionarios no impide la aplicación de medidas limitativas que restrinjan sus derechos”.

Es decir, el Poder Judicial puede declarar fundado el pedido y ordenar que Luciana León no salga del país mientras duren las investigaciones en su contra, a pesar de ser integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la República. No obstante, especialistas indican que esta sería la máxima medida que se le puede imponer antes de un antejuicio político, que estará a cargo del nuevo Parlamento.