Las elecciones y la investidura del gabinete

La República

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27 Ene 2020 | 12:42 h
Javier González-Olaechea Franco
Javier González-Olaechea Franco

Por: Javier González-Olaechea Franco

Es un clamor nacional y necesidad impostergable perfeccionar nuestra institucionalidad democrática. Tenemos o padecemos una democracia de baja intensidad. Lo dice el gobierno y lo reclamamos todos los ciudadanos.

La Constitución obliga que cuando un gabinete se estrena debe acudir ante la representación nacional para obtener el voto de investidura y recibir la confianza. Dada la disolución del Congreso, el señor Vicente Zeballos optó por dirigir un mensaje al país enunciando los objetivos de su gestión y las medidas inmediatas que consideró necesarias.

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La Constitución vigente no previó la investidura con un nuevo Congreso una vez disuelto el anterior. Ya tenemos uno electo. Como todo en la vida ante un imprevisto, hay que optar por lo que dicta la razón. Ante un clima mezclado de una importante aprobación del presidente y de descontento de las gentes por la falta de atención inmediata y eficiente de muchos problemas nacionales, es razonable y políticamente beneficioso que, con la misma imaginación fáctica, el presidente valore los hechos. Hay nuevas correlaciones. El porcentaje de ausentismo, votos blancos y nulos es una flecha con puntería. Ese electorado le arrebató al gobierno la chequera en blanco y ninguneó la oferta electoral.

Yo optaría por oxigenar la política con nuevo gabinete sin reciclajes. Descartada la opción porque el presidente juega en cancha de fulbito, el gabinete debe buscar su investidura dando una buena señal al país y a las nuevas bancadas, aún más careciendo de una. De no hacerlo, perdería músculo político y un cometería un grave error de cálculo. Con el tiempo, convertiría la aceptación en hemorragia política y aseguraría un final agónico.

De presentarse el premier y sus ministros, además de rendir cuentas sobre los decretos de urgencia, debe renovar y afinar con cincel su propuesta. Conviene que se sólo se concentre en lo necesariamente urgente, la gestión pública y las reformas constitucionales y legales impostergables. Claro que la agenda nacional demanda muchas otras reformas. Debemos asumir una nueva visión del país y de cómo mejor conectarnos al mundo. Debemos adoptar el concepto de economía de bienestar que supera a los de crecimiento y desarrollo, incorporando variables cualitativas; seguridad, transparencia, justicia pronta, entre otras necesidades que nos son negadas en pleno siglo XXI.

No será difícil darnos cuenta si estamos medianamente encaminados o esperando el bicentenario frotando la lámpara de Aladino a la espera de un genio.