Palos de ciego contra el delito

La creación de una brigada especial de lucha contra la delincuencia extranjera, léase venezolana por las expresiones del ministro del Interior, es la noticia más importante en seguridad ciudadana en muchos meses. Es popular, claro, pero no es correcta. No es un anuncio feliz sino xenófobo y populista, y especialmente equívoco respecto a las soluciones.

Es improbable que se concrete este desatino, aunque es una invaluable oportunidad para revisar el estado de la cuestión, la crisis de la seguridad peruana, un fenómeno que galopa hacia el vacío, con datos que lamentablemente no se debatieron en la campaña electoral que culmina.

La masificación de determinados delitos ha desbordado las capacidades policiales (ya no hablemos de la fase de la judicialización, el otro gran problema), produciendo un salto histórico de la impunidad. A falta de estadísticas del año 2019, se tiene que al año 2018, la PNP recibió 371 mil denuncias, 80 mil denuncias más que el año anterior, y 165 mil más respecto de hace 6 años.

Sin detenernos todavía en el destino de las denuncias, si consideramos que menos del 20% denuncia los delitos que sufren, las que no recibe la policía son por lo menos cuatro veces más que las 371 mil de la estadística policial, de modo que nos movemos sobre una montaña de delitos que ignora el Estado. Así se entiende el conmovedor dato del INEI, de que uno de cuatro peruanos mayores de 15 años es víctima de algún hecho delictivo.

Los delitos cometidos por extranjeros registra una baja tasa, a lo que se suma la certeza de la propia policía de que no existe delito venezolano “puro”, sino una entendible integración. Este punto nos deriva la crisis a la investigación, el talón de Aquiles de la actividad policial. Para ser claros, en el Perú cada vez se investiga el delito con menor eficacia: en el año 2018, la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) de la policía registró 15 mil denuncias de las cuales solo 1.700 fueron resueltas, es decir, el 11%, una tasa en abierto retroceso porque el año 2010 se resolvía por lo menos el 20% de denuncias. Y hablamos de la división de la policía especializada en investigaciones.

Otros datos emergen de una creciente oscuridad de la estadística policial como la caída del número de casos que atiende la DIRINCRI, la falta de correlación entre el aumento de intervenciones por tráfico de drogas y la caída del número de detenidos, o la brecha entre el número de denuncias y el número de detenidos, por citar tres ejemplos.

La crisis de la seguridad no es de exclusiva responsabilidad de la policía y mal se hace en cargarle a ella todo el bulto, obviando problemas muy complejos como el acceso a la justicia y el financiamiento. Por esa misma razón, no se puede suministrar respuestas distractivas que llevarán a nuevos fracasos.

El sector Interior no puede seguir dando palos de ciego; en el corto plazo tiene que controlar el alarmante crecimiento de los delitos contra el patrimonio (especialmente hurto, robo y estafa) y contra la vida, el cuerpo y la salud (especialmente lesiones) que superan los dos tercios del total. Con más de un millón y medio de delitos que se cometen por año, dedicar esfuerzos al 2% de casos que involucran a extranjeros, dejando el resto sin una estrategia clara, resume la necesidad de un giro urgente.

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