Ante un total despiporre laboral

Los decretos de urgencia publicados ayer sobre negociación colectiva y reincorporaciones en el sector público constituyen herramientas magníficas para ordenar los recursos humanos en el estado, y erradicar prácticas antiguas y perniciosas que, en no pocos casos, parecen cercanas a la corrupción.

Se trata de afrontar el tremendo desorden imperante en las remuneraciones en el sector público, donde es común que, pese a la ley de presupuesto, por negociación colectiva se aumentan ingresos y se generan nuevos ingresos.

Con frecuencia, esto es resultado de laudos arbitrales que no tienen la menor consideración por su impacto fiscal. Esto produce beneficios que se otorgan y que legalmente no corresponden, por ejemplo, al personal de dirección y de confianza, y que, además, no se registran en los datos agregados de las planillas del sector público, lo cual impide un control de la ejecución.

Abundan los ejemplos del mal uso de estas prácticas que llevan a incrementos de los ingresos, sin que estos tributen, por rubros tan extraños como incrementos por laudos, cierre de pliegos, apoyo educativo, bono por aniversario de la institución, bono por regreso de las vacaciones, asignaciones por promoción deportiva, entre muchas formas que llegan a ser grotescas.

Es evidente que el ordenamiento del sistema de negociación colectiva tenderá a erradicar este tipo de ‘incentivos’ que se inventan a lo largo de todo el sector público, desde las empresas del Fonafe, entidades como Reniec, IPD, municipios, etc., las fuerzas armadas, o el poder judicial, donde hay en marcha en este momento paralizaciones con una argumentación tan endeble que obliga a tener que negarlas, tal como ya se lo comunicó el MEF al presidente del poder judicial José Luis Lecaros.

Estos decretos de urgencia van a ser cuestionados por los sindicatos del sector público por razones obvias, pues generan privilegios indebidos, pero deben ser respaldados en el marco del reconocimiento del derecho de los servidores públicos a negociar, pero respetando el equilibrio fiscal y la importancia de la mejora de los servicios públicos que se brindan especialmente a los peruanos más pobres, lo cual debiera ser el eje de la acción del estado y de la sociedad en su conjunto.