Se debe hacer justicia pero sin abusos
Sobre la emboscada al exministro Miguel Castilla.
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El exministro de economía del gobierno del presidente Ollanta Humala, Miguel Castilla, parece sufrir otro de los excesos que se observan en algunas de las acciones correspondientes al desempeño de los fiscales mientras arman el caso para sustentar sus acusaciones ante la justicia.
Eso se puede concluir de la columna El Informante de Ricardo Uceda publicada ayer en La República, en lo que sería un caso más de personas que son imputadas y que, mientras se produce la acusación, se las mete a la cárcel en prisión preventiva o, en el mejor de los casos, se las inmoviliza en el país al impedirles la salida, con el evidente perjuicio personal que esta situación puede producir de manera innecesaria pues existen condiciones razonables para pensar que pueden seguir el proceso sin una restricción de esa naturaleza.
Uceda señala en su reportaje que “el equipo especial parece dispuesto a limpiar a un exministro como Carlos Paredes, señalado de recibir US$ 17 millones del Club de la Construcción, a cambio de que contribuya a mantener a Miguel Castilla como chivo expiatorio”, a pesar de que este se opuso al crédito puente que Odebrecht pidió para financiar el proyecto del gasoducto del sur, que él no fue mencionado por Jorge Barata, y que no estuvo en las reuniones en Palacio en el marco de esta concesión.
La fiscal Geovana Mori se negó a autorizar que la manifestación que Castilla solicitó se hiciera por Skype desde Washington, donde trabaja como quinto de la jerarquía del BID, y pidió su presencia, pero cuando llegó a Lima, consiguió que el juez impusiera un impedimento de salida por 18 meses.
Como consecuencia, alguien como Castilla que siempre observó disposición a declarar ante los requerimientos de la justicia, pierde su trabajo en el BID y debiera, salvo que en la apelación que se verá hoy se levante el impedimento de salida del país, quedarse a la espera de la evolución del caso, mientras se sigue engordando la lista de imputados.
El gasoducto del sur, un proyecto de US$ 7,000 millones, debe ser, sin duda, investigado con el fin de poder identificar si hay ilegalidades y realizar las acusaciones que lleven a las condenas que correspondan, pero, como en todos los casos, el proceso se debe realizar sin dar la sensación de abuso.
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