Perú 26E y los sistemas políticos híbridos

La democracia liberal no ha encontrado una solución única al dilema de la separación de poderes y en particular a la relación/independencia del ejecutivo y el legislativo.

Dos factores son clave en esa relación, el procedimiento de elección y la distribución de competencias.

En países como España, Italia o Reino Unido el legislativo emana del voto popular y el ejecutivo es elegido indirectamente por los y las diputadas. Nos encontramos ante una relación estrecha, íntima en la que el legislativo acaba por ser una suerte de correa de transmisión del ejecutivo. Esta subordinación solo se altera ante dos supuestos: 1) de modo ordinario ante aquellas competencias que requieren mayorías reforzadas y por tanto el concurso de partidos que no apoyan al ejecutivo, o 2) ante situaciones de crisis en los que la coalición de partidos que sostienen el gobierno puede fracturarse.

Otros países como Francia o EEUU apuestan por la elección popular del ejecutivo. La coincidencia (o casi) de esta elección con la del legislativo es la garantía de consonancia entre ambos poderes ya que es más que esperable una correlación de los votos en elecciones simultáneas. Es un procedimiento que ensancha la independencia entre legislativo y ejecutivo, máxime cuando las Cámaras se renuevan a mitad de mandato y las mayorías pueden ser disímiles entre Congreso y Senado y alguna de ellas hostiles al Gobierno.

Estos sistemas sostienen su estabilidad institucional merced a una delimitación clara de las competencias de cada poder del Estado y sobre todo a un sólido consenso sobre los pilares de su organización institucional y el contrato social que la legitima. Es el acuerdo sólido de partidos y ciudadanía en torno a las bases de su modelo político, económico y social el que permite mayores grados de independencia sin que degeneren en choques fraticidas entre instituciones.

En los países con este modelo de representación y en los que el modelo económico perpetúa graves desigualdades o bien algunos partidos tienen un frágil compromiso con la democracia y el sostén del apoyo explícito o implícito de las fuerzas armadas; en países en definitiva con una fuerte disputa sobre el modelo institucional, político y económico y una fuerte polarización partidista, este diseño institucional posibilita el choque entre poderes y aboca sistemáticamente a crisis orgánicas. Es el caso de Bolivia, Honduras o Paraguay.

En el Perú de hoy las severas desigualdades de un lado y el frágil compromiso con la democracia del fujimorismo de otro, propician una disputa electoral sobre el contrato social entre peruanos, sobre la Constitución, sobre el modelo, una disputa electoral en clave izquierda/derecha. Este 26E, sin la presencia de candidatos a la presidencia que orienten los bloques solo la reordenación del voto en el eje izquierda-derecha podría llegar a configurar un Congreso viable y evitar que el deficitario diseño político institucional de relaciones ejecutivo/legislativo propicie un nuevo bloqueo.