Juraron cinco magistrados de la JNJ: deberán revisar el caso Pedro Chávarry

Los cinco miembros de la Comisión Especial y los cinco magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Por ahora, los primeros pasos de la reforma de justicia recaen en ellos.

Proceso con tensiones. Fiscal de la Nación y presidenta del TC pidieron que la juramentación de los magistrados se postergue, pero Comisión Especial solo suspendió la asunción de Falconí y Zavala. Los integrantes de la Junta Nacional de Justicia eligieron como su presidente al exministro Aldo Vásquez. También se abocarán a la ratificación de jueces y fiscales.

Diego Quispe
Diego Quispe
07 Ene 2020 | 5:00 h

Solo cinco magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) juraron ayer. Se trata de los abogados Aldo Vásquez, Inés Tello, Imelda Tumialán, Antonio Humberto de la Haza y José Ávila Herrera.

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Desde la aprobación de la Ley Orgánica de la JNJ pasaron 11 meses para que se concrete la creación de la Junta Nacional de Justicia, organismo encargado de revisar los nombramientos y ratificaciones del desactivado Consejo de Nacional de la Magistratura (CNM). Entre esos casos, con mayor rigurosidad, está el del fiscal Pedro Chávarry, por la presunta adulteración de sus notas para que el CNM lo ratifique previo al estallido de los audios de la corrupción y su asunción como titular del Ministerio Público (MP).

En más de un año, Chávarry no ha sido sancionado por ninguna institución judicial y legislativa, pese a sus vínculos con ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Incluso el Congreso, con los votos fujimoristas, evitó que sea investigado por crimen organizado. La JNJ se abocaría también a revisar la ratificación o nombramiento de los jueces y fiscales que hiciera el ex-CNM.

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Y ahí radica la importancia de la instalación de la JNJ. Sin embargo, la juramentación de sus cinco integrantes se concretó en medio de discrepancias al interior de la Comisión Especial (CE) y denuncias contra los magistrados electos Marco Falconí, María Zavala y Ávila Herrera.

La ceremonia se iba a iniciar a las 12 de la tarde. Pero tres horas antes los miembros de la CE se reunieron en la Defensoría del Pueblo. Debían decidir qué hacer con estos tres casos. A Falconí lo acusan de plagio y de una bonificación injusta de 10% en sus notas por ser licenciado de las Fuerzas Armadas (FFAA) y, junto a Zavala, por la difusión de registros de llamadas al exjuez César Hinostroza y otros presuntos miembros de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. En el caso de Ávila, Cuarto Poder reveló presuntos plagios en artículos académicos.

Hasta ayer, había pasado una semana desde la presentación de los resultados de los postulantes a la JNJ. Sin embargo, salvo las objeciones presentadas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Falconí y Ávila, la CE no había publicado ningún acta de votos y sustentos de sus miembros. La Asociación Transparencia y Proética denunciaron esa omisión de información. Por eso, el último domingo, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, sostuvo que la juramentación debía postergarse hasta que las actas no sean públicas.

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En la reunión de la CE, según fuentes de La República, Ledesma reiteró su pedido: sin las actas, era inviable que los integrantes de la JNJ asuman funciones. Era necesario, como reiteraron los abogados Beatriz Ramírez y Ernesto de la Jara a este diario, conocer las motivaciones de los miembros de la Comisión Especial en sus decisiones. Y eso requería un análisis de esa información previo a la juramentación.

Ledesma fue apoyada por la fiscal Ávalos. “No tiene sentido juramentar sino se ha podido transparentar”, expresaron según las fuentes. Además, sugirieron que Servir emita un informe sobre la bonificación de 10% a favor de Falconí.

Sobre eso, también Ávalos y Ledesma pidieron explicaciones por el comunicado emitido el sábado por la CE justificando el incremento de puntos para el excongresista. A Ledesma, sus colegas de la comisión le respondieron que el expresidente del TC Ernesto Blume conocía del pronunciamiento. Pero la magistrada recordó que su antecesor le informó que desconocía.

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Por su parte, agregaron las fuentes, el contralor Nelson Shack recomendó en la sesión que Falconí y Zavala se sometan a una prueba del polígrafo.

Entonces, recién a las 11:45 de la mañana salió humo blanco de la Defensoría del Pueblo. La decisión era que la juramentación procedía solo para cinco integrantes. Las de Falconí y Zavala quedaban suspendidas hasta que se resuelvan sus casos.

Para la abogada Beatriz Ramírez eso fue un “avance, pero incompleto porque Ávila Herrera quedó libre de polvo y paja”. Respecto a las denuncias de plagio, el exviceministro respondió a este diario que “en artículos de opinión, pueden, a veces, colocarse ideas mal citadas, pero eso absolutamente distinto y alejado a cualquier cuestionamiento serio”. Con esos fundamentos, en la CE su caso no ameritó sanción.

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En tanto, luego de esa sesión, la ceremonia se iba a realizar sin actas publicadas, lo cual agudizó las discrepancias al interior de la CE. Por eso, solo cinco miembros de la comisión encargada acudieron a la juramentación reprogramada para las 1:45 de la tarde. El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez; el presidente del Poder Judicial, José Lecaros; el contralor Nelson Shack; el rector de la UNI, Jorge Alva; y el de la Universidad de Piura, Antonio Abruña.

La fiscal Ávalos, mediante un comunicado del Ministerio Público (MP), enfatizó que sin actas y sin resolver cuestionamientos a los dos candidatos, la juramentación no era viable.

“Se debió publicar previamente la juramentación, las actas de calificación a cada uno de los postulantes por parte de cada miembro de la CE”, sostuvo. De igual modo, la magistrada Ledesma tampoco asistió. Trascendió que fue por similares argumentos a los de la fiscal de la Nación.

Y así, minutos después, en el Centro de Convenciones de San Borja, los cinco letrados electos asumieron sus cargos. El defensor del Pueblo resaltó que no fue fácil el proceso. Pero no reveló detalles de la reunión de la mañana.

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Los cinco integrantes de la JNJ eligieron a Tello para el discurso de apertura. La abogada destacó que el juramento de los magistrados es “ante la sociedad”. “Trabajaremos con transparencia”, refirió.

Acabada la ceremonia, Gutiérrez respondió que las actas de la decisión de la CE iban a ser publicadas en las siguientes horas. Su vocero, Armando Canchanya, prometió lo mismo.

Canchanya anunció además que la Comisión Especial acordó que solicitarán información a la Fiscalía sobre los registros de llamadas de Falconí y Zavala con presuntos miembros de ‘Los Cuellos Blancos’. Ambos fueron citados para mañana a la sesión de la comisión. Si la elección de uno de ellos se anula, sería el abogado Guillermo Thornberry Villarán quien asuma el puesto. No obstante, también fue convocado a la CE el abogado Abraham Siles Vallejos por presuntamente representar a organizaciones de la sociedad civil. Para el ex defensor del Pueblo Walter Albán, la cita a Siles “es simplemente absurda”.

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Por la noche, la CE publicó las actas de votación y sustentación de sus miembros. Ahí se verificó que la fiscal Ávalos no firmó la resolución de puntajes de Falconí y Ávila Herrera. Las resoluciones son generales, es decir, no especifican los argumentos de cada integrante de la comisión. De la Jara considera que eso es una grave omisión: “Se realizó la juramentación sin haber publicado los votos y sus sustentaciones. ¿Qué sentido tiene hacerlo después?”, protestó.

Vásquez es el presidente de la Junta Nacional de Justicia

Por la noche, la JNJ eligió al exministro de Justicia Aldo Vásquez como su nuevo presidente y a Imelda Tumialán como su vicepresidenta. Vásquez fue quien más puntaje obtuvo en el proceso de elección. “Lo primero que puedo anunciar es el compromiso de los miembros de esta Junta de elaborar un plan de trabajo de tal de manera de poder programar en el tiempo el cumplimiento de cada una de las acciones de la JNJ, esto en espera de que la CE culmine la elección de los restantes miembros titulares”, expresó el exministro. La Junta, en total, tiene 1.400 casos pendientes por revisar, según Vásquez.

Además, la Junta tiene que elegir al nuevo presidente de la Autoridad Autónoma para el Control del Ministerio Público y el Poder Judicial. Dicho organismo reemplazará a la OCMA y a la Oficina de Control Interno de la Fiscalía, y procesará a los jueces y fiscales.