Cuatro audiencias más para evaluar prisión de Keiko

La audiencia sobre el pedido de prisión preventiva para Keiko Fujimori fue suspendida ayer debido al mal estado de salud del fiscal José Domingo Pérez Gómez, lo cual fue advertido por el juez Víctor Zúñiga, quien decidió que la diligencia se reanude el miércoles 8, de 3:00 p.m. a 9:00 p.m., y las audiencias continuarán hasta culminar el sábado 11.

Ayer la defensa de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, insistió en pedir que no se tome en cuenta las declaraciones de los testigos protegidos pues, en su opinión, carecen de sustento y veracidad. Asimismo, rechazó los nuevos elementos de convicción que el fiscal Pérez Gómez busca incorporar al ejercer la réplica en la audiencia.

En su intervención, la abogada trató de desvirtuar las acusaciones por lavado de activos, asociación ilícita, organización criminal, falsa declaración, fraude procesal, falsedad genérica y obstrucción a la justicia, siendo este último el punto neurálgico que podría determinar, a favor o en contra, la atención a la solicitud de 36 meses de prisión preventiva.

Justamente este último punto fue materia de una nueva confrontación de la abogada con el fiscal. Al iniciar la réplica, Pérez Gómez destacó que Loza no se refirió al hábeas corpus del Tribunal Constitucional (TC) y por ende no cuestionó el pedido de prisión preventiva.

De inmediato, Loza sostuvo que el fiscal no puede adelantar opinión sobre su estrategia de defensa, cuando las audiencias de evaluación aún no han terminado, asegurando que, en la dúplica, cuando toque el tema de la obstrucción a la justicia, tomará en cuenta el fallo constitucional.

En el momento de la réplica, el fiscal solicitó al juez que le permita incorporar documentos para reforzar sus elementos de convicción, lo que también fue rechazado por la abogada de Keiko Fujimori.

Pérez Gómez arguyó que por un tema de reciprocidad se debía aceptar la incorporación de documentos, pues él no hizo objeción cuando Loza ingresó nuevos elementos en la audiencia del viernes.

Uno de los documentos es un acta de reconocimiento del allanamiento a la vivienda donde presuntamente se entregó dinero para la campaña de Keiko. Pérez quería demostrar una de las falsedades de Loza, cuando dijo que la descripción que realizó Barata al lugar en el que habría entregado dinero para el partido fujimorista no coincide con lo encontrado “en la diligencia de inspección”.

El juez Zúñiga tomó en cuenta el pedido del fiscal y le permitió ingresar hasta seis documentos. Uno de ellos iba a ser tomado en cuenta en la audiencia de ayer y el resto en las posteriores, pero todo quedó pendiente.

Durante su participación, Loza negó todas las imputaciones, pero en un momento sostuvo que no había lavado de activos sino simulación y, por tanto, falta administrativa. El juez le hizo ver que reconocía que Keiko había cometido faltas administrativas, pero Loza adaptó su versión con la expresión de “presuntas faltas”.

La abogada de Keiko Fujimori culminó su intervención reconociendo que la simulación de aportes es reprochable pero no es delito y recordó que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) se pronunció contra el abuso de la prisión preventiva.

Azabache fue defensor de dos implicados

El fiscal José Domingo Pérez Gómez aclaró que el abogado penalista a quien Loza citó a su favor, describiéndolo como no fujimorista, es César Azabache, quien en el presente proceso defendía a dos familiares de Augusto Bedoya, uno de los que presuntamente recibió dinero de Jorge Barata para la campaña de Keiko Fujimori y “tiene interés en que la tesis fiscal fracase”.

César Azabache precisó en Twitter que su estudio ya se apartó del mencionado caso.