“Club” también aportó para Keiko en el 2016
Empresarios de la construcción. Fiscal Domingo Pérez sustentó en la audiencia la participación directa de Keiko Fujimori para obtener aportes en efectivo y sin justificarlos ante la ONPE para sus campañas presidenciales.
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Por: Alonso Collantes y Edgar Gamboa
Ayer, en el tercer día de audiencias de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, el fiscal del equipo Lava Jato José Domingo Pérez sustentó los elementos más comprometedores en el caso Cocteles.
Según dio a conocer, acorde con lo declarado por Jorge Yoshiyama Sasaki el 10 de diciembre pasado, Keiko Fujimori le encargó a este, en el 2015, que reúna a “empresarios del rubro de la construcción” para que aporten a su campaña presidencial del 2016.
Entonces, Yoshiyama le pidió al hijo del empresario Fernando Aramayo Pinazo (quien también hizo una colecta para Keiko en el 2011) que repitiera la escena y así beneficiar a la lideresa de Fuerza Popular.
Con ese objetivo, continuó el fiscal, se concretó una reunión entre Keiko y los empresarios Ernesto Tejada Moscoso (Obrainsa), “señor Manrique” (Superconcreto), Fernando Castillo (ICCGSA) y Jorge Peñaranda Castañeda (Alpha Consult). Poco después, todos entregaron US$ 40 mil a Jorge Yoshiyama. El monto terminó en poder de Adriana Tarazona, tesorera alterna del partido, pero no fue declarado a la ONPE.
Otro detalle revelado por el fiscal fue que entre fines de 2012 y 2015, otro grupo de empresarios con los que la lideresa fujimorista se reunía cada tres meses hizo “una ‘chancha’ para que aporten S/ 1.000 cada uno a Keiko Fujimori”. Luego, la cuota se mantuvo pero en dólares.
“En contraprestación por la ‘manutención’, Keiko y Mark Vito daban cenas. Ella ha dado presuntamente información falsa y han recibido dinero de empresarios del Club de la Construcción para sus actividades”, sostuvo el fiscal Pérez. Por ello agregó que Keiko “sí supo de la recepción de dinero”, pues participó en esas actividades.
Tras exponer por cuatro horas, Pérez concluyó que existe un “alto grado de probabilidad” de la comisión de lavado de activos en las campañas fujimoristas del 2011 y 2016. Asimismo, reiteró que hay suficientes indicios para que la excandidata presidencial sea procesada por asociación ilícita, organización criminal, falsa declaración, fraude procesal y falsedad ideológica.
El juez Víctor Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, evaluó lo sostenido por el fiscal y por la abogada defensora Giulliana Loza.
Aportantes falsos y Letona
Uno de los principales elementos de convicción presentados por la Fiscalía en la audiencia fue una lista de 49 personas que negaron sus donaciones a las campañas del 2011 y 2016.
De la primera campaña destacó el aporte de S/ 27.820 que hizo en el 2011 la esposa del excongresista Rolando Reátegui, Marisol Valles Chong. Así como ella, otras 22 personas admitieron ante el fiscal que los aportes no salieron de sus bolsillos.
Pérez sustentó con 29 testimonios de aportantes a la campaña 2016, cuyos montos no fueron declarados a la ONPE, que el dinero tampoco era de ellos. María Letona Pereyra, hermana de la excongresista Úrsula Letona, figura como uno de los aportantes, pero ella niega haber aportado y dice: “Estoy esperando una explicación sobre quién suplantó mi firma”. Su nombre figura con un aporte de S/ 22 mil.
Respecto al delito de obstrucción a la justicia, Pérez indicó que Jorge Yoshiyama reveló que Keiko Fujimori le encargó encomendar la defensa de los aportantes al Estudio Oré Guardia, pues “tenía los mejores contactos con jueces y fiscales”.
Loza, por su parte, insistió en que todos los elementos presentados por la Fiscalía no prueban nada y por eso pidió que no sean tomados en cuenta.
Audiencias
Hoy y mañana. La audiencia en este caso continúa hoy desde las 3 p.m. y sigue el sábado desde las 9 a.m.
Tutela. El 16 de enero será la audiencia de tutela de derechos para cuestionar el testimonio de Rolando Reátegui.
Fiscal Pérez: “No hay que ser ingenuos”
Al final de la audiencia, José Domingo Pérez advirtió que las defensas vienen planteando recusaciones para obstruir los procesos (como en el caso del juez Carhuancho) y que no se tomen decisiones adecuadas. “Esta práctica que están interponiendo los investigados por organización criminal, la vemos también en el caso Metro de Lima. No hay que ser ingenuos, las organizaciones criminales se defienden y lo hacen a veces utilizando normas legales”, indicó.
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