Investigan por lavado de activos a familia Becerril

Las deudas pagadas por Pomalca de manera extraña y los cambios de dueño, están siendo investigados Foto: La República.

Los temerarios. Como gerente de Pomalca, Víctor Becerril reconoció una deuda que pagó con predio de 125.17 hectáreas. Años después, sus hijos aparecieron como dueños y la vendieron.

César Romero
31 Dic 2019 | 15:00 h

La familia del excongresista Héctor Becerril y sus empresas serán investigadas por presunto lavado de activos, en relación con las sucesivas transferencias de un terreno denominado ‘Canclón’, de propiedad de la agroindustrial Pomalca.

PUEDES VER Keiko Fujimori: continúa audiencia de prisión preventiva [EN VIVO]

El terreno fue entregado por Pomalca para cancelar una supuesta deuda de 1,65 millones de dólares, reconocida por su gerente general, Víctor Becerril Rodríguez, y, al cabo de un tiempo, dicho bien inmueble terminó en manos de sus hijos, generando una ganancia de 2,5 millones de dólares.

Para esclarecer este hecho, en Lima, la Fiscalía c de Lavado de Activos inició investigación a Víctor Becerril Rodríguez, André y Jill Becerril Chia, Alfonso Álvarez, María Salazar Chuquilín, Fernando Wong Chia, Irving Alvarado Chia, Bernardo Chia Ly y las empresas Servicios Agrícolas y Comercializadora La Pradera, Comercializadora y Servicios Los Inkas y Transportes San Joaquín.

La investigación fue declarada compleja por el fiscal José Castellanos Jara, que ha encargado el desarrollo de las diligencias a los fiscales Efraín Montes Flores y Miguel Toyohama.

PUEDES VER César Nakazaki indicó que Pedro Chávarry tenía una “guerra” con el Gobierno

Una deuda

Según las primeras indagaciones, el año 2014 la empresa Pomalca, que se había acogido a la Ley de protección patrimonial, representada por su gerente general Víctor Becerril y el presidente del directorio, José Gamarra Mizrrajil, reconocieron una deuda de S/ 5′934,618.50 con la empresa La Pradera.

Esta empresa era representada por María Salazar Chuquilín, con el 3% y Fernando Wong Chia, vinculado a la familia Becerril, con el 97% de las acciones. Así, el último día del 2014, Víctor Becerril transfirió la propiedad del inmueble denominado ‘Canclón’ de 125.17 hectáreas, valorizado en S/ 5′405,016.11, como dación de pago de la presunta deuda de Pomalca.

Al cabo de tres meses, se produce una transferencia de acciones de La Pradera y quedan como accionistas Fernando Wong Chia e Irving Alvarado Chia, hijos de Bertha y Alicia Chia Ly, respectivamente, cuñadas de Víctor Becerril.

PUEDES VER La reacción de De Belaunde al escuchar a Bartra hablar sobre presunta ideología de género

Paralelamente, aparece en escena San Joaquín como acreedor de La Pradera. San Joaquín era propiedad de Comercializadora y Servicios Los Inkas con el 65,5%, La Pradera con el 33,1% y Bernardo Chia con el 1,4% de acciones. A su vez, Los Inkas tenía de accionistas a Fernando Wong con el 97%. El otro 3% estuvo en manos de Victoria Gastiaburu y luego pasó a Irving Alvarado Chia.

Una ganancia

Así, todo va quedando en familia. Luego de estas transferencias, el 2018, el terreno fue divido en cinco lotes. Los lotes 1 y 2 fueron transferidos a André y Jill Becerril, los hijos del gerente que reconoció la deuda de Pomalca. Ellos venden ambos lotes a la empresa Proconsulting & Project Investment, por US$ 1'215,098.22 dólares y US$ 1'338,114.28, respectivamente.

En tanto, los lotes 2, 4 y 5 son cedidos en opción de compra a la misma Proconsulting & Project Investment, que los hipotecó por US$ 1,2 millones en el Banco de Crédito del Perú.

Con parte del dinero de la hipoteca obtienen dos cheques por 394.529 y 401.434 dólares que utilizan en la compra de los lotes 1 y 2. En tanto, los hijos de Becerril ahora tienen un patrimonio de US$ 2,5 millones, que se justifica en la venta del lote 1 y 2 del terreno de Pomalca.

Las cifras

US$ 1,65 millones es la presunta deuda de Pomalca que reconoció Víctor Becerril.

US$ 2,5 millones obtienen los hijos de Becerril por la venta de dos lotes del terreno de Pomalca.

Disposición N° 1

La investigación que desarrollan los fiscales Efraín Montes y Miguel Toyohama tendrá una duración de ocho meses.