Que ganen los buenos

El año 2019 no fue bueno para la seguridad ciudadana. Pasaron otros doce meses sin que se inicie la reforma del sector Interior, y por supuesto de la Policía, y en cambio se registraron escandalosos casos de corrupción como corolario del aumento de los indicadores que miden la ocurrencia de delitos.

El terrible feminicidio, parricidio y asesinato en El Agustino (Lima) que terminó con la vida de cuatro personas, consumado debido en parte a la demora de por lo menos 40 minutos de la Policía en acudir a la emergencia, a pesar de que la comisaría se encuentra a decenas de metros del lugar de la tragedia, simboliza y cierra un año que no debería repetirse.

Los datos del INEI hasta octubre de este año reportan que uno de cada cuatro peruanos que viven en las ciudades de más de 20 mil habitantes ha sido víctima de un hecho delictivo, aunque los desagregados son más alarmantes: el departamento con mayor porcentaje de población víctima de algún hecho delictivo es Puno (43,6%) en tanto que crece la frecuencia de delitos en Junín, Cusco, Madre de Dios y Tacna, territorios que se suman a los del norte.

Algunas ciudades como Piura, Cusco, Arequipa y Juliaca experimentan un auge de la inseguridad, mientras que a nivel nacional las denuncias no progresan sustantivamente porque casi la mitad de peruanos cree que es una pérdida de tiempo o desconfía de la Policía. En cambio, el robo callejero de dinero, carteras o celulares ha aumentado, del mismo modo que las denuncias de robo de vehículos motorizados y bicicletas y asaltos en viviendas.

La inseguridad ciudadana es un complejo haz de fenómenos que ocurren dentro y fuera de los hogares, pero que en todos los casos se relacionan con la actividad policial de la que se demanda actuación eficaz. Es cierto también que una parte de esta crisis está relacionada a la función que desempeña la administración de justicia, otro tópico que deja mucho que desear debido a la incidencia de la impunidad.

De cara al 2020, es importante que se realice giro de timón en las prioridades del sector, considerando los avances logrados respecto al crimen organizado y la desarticulación de bandas. Este servicio público se encuentra deteriorado y es el aspecto de la gestión del Estado en el cual se precisan logros de corto plazo.

Cuando se sabe que, según el INEI, el 23% de los peruanos ha dejado de realizar al menos una actividad para evitar ser víctima de la delincuencia, se tiene la sensación de que es necesario actuar rápido para que ganen los buenos.