Graña y Montero acude al CIADI por Gasoducto del Sur

César Romero

Constructora. Graña y Montero acudió al CIADI para recuperar, aseguran, el dinero que invirtió en la construcción del inconcluso Gasoducto del Sur Peruano en el gobierno de Humala. Foto: Javier Quispe
Constructora. Graña y Montero acudió al CIADI para recuperar, aseguran, el dinero que invirtió en la construcción del inconcluso Gasoducto del Sur Peruano en el gobierno de Humala. Foto: Javier Quispe

Demanda. Constructora presenta una solicitud de arbitraje para que el Estado peruano la indemnice por el perjuicio que le habría generado la rescisión del contrato de concesión, adjudicado junto a Enagas y Odebrecht. Adjudicación del gasoducto está bajo investigación fiscal desde el 2016.

La constructora Graña y Montero (GyM) presentó una demanda de arbitraje contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, CIADI, una institución del Banco Mundial con sede en Washington, por el perjuicio que le habría ocasionado la resolución del contrato del Gasoducto del Sur, en enero del 2017.

De acuerdo con fuentes de La República, la demanda o solicitud de arbitraje ya fue notificada al Ministerio de Energía y Minas y al Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas, para que presenten sus descargos.

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En las próximas semanas, la secretaria general del CIADI debe definir si admite a trámite la solicitud de arbitraje y se da inicio al proceso. GyM formó parte del consorcio que en febrero del 2013 se adjudicó la concesión para la construcción del Gasoducto del Sur Peruano, al lado de Odebrecht y Enagas. Odebrecht tiene el 55% del proyecto; Enagas, el 25%; y GyM, el 20%.

A mediados del 2017, la española Enagas presentó su solicitud de arbitraje ante el CIADI y ha cifrado en US$ 1,980 millones el perjuicio ocasionado por el Estado peruano, cuando en enero del 2017 decidió resolver el contrato.

La demanda de Enagas ya fue admitida a trámite y se han nombrado los arbitros: Diego P. Fernández-Arroyo (argentino y español), presidente, designado por acuerdo de las partes; Andrés Jana Linetzky (chileno), nombrado por Enagas; y Claus von Wobeser (mexicano y alemán), nombrado por el Perú.

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Investigación

El Estado peruano decidió rescindir el contrato el 24 de enero del 2017 por la incapacidad del consorcio de obtener los fondos necesarios para financiar la construcción del proyecto, luego del escándalo generado por la revelación de Odebrecht de pago de sobornos para acceder a obras públicas.

Desde el 2016, la concesión del Gasoducto del Sur es un objeto de una investigación por parte del Equipo Especial del caso Lava Jato. Hasta ahora no es claro si Odebrecht ha reconocido el pago de sobornos en esta obra, que no forma parte del acuerdo de colaboración eficaz.

Según fuentes consultadas por La República en Brasil, Jorge Barata habló de reuniones con el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia para coordinar el avance de este proyecto, que era interés del Gobierno, pero sin precisar si hubo un pago de sobornos o acuerdos ilícitos para ser favorecidos con la obra.

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El Equipo Especial del caso Lava Jato tiene una interpretación distinta de la declaración de Barata. Los fiscales señalan que los colaboradores y la constructora Odebrecht han reconocido el pago de sobornos en dicha obra.

Esta posición de la Fiscalía fue reiterada el miércoles por la fiscal Geovana Mori ante el juez Jorge Chávez en una audiencia donde se iba a evaluar un pedido de impedimento de salida del país para la ex primera dama de la Nación Nadine Heredia.

Este punto es importante pues permitiría al Estado peruano argumentar que rescindió el contrato de concesión del Gasoducto del Sur al presentarse un caso de corrupción, tal como estaba estipulado en el contrato.

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Enagas y Graña y Montero señalan que la empresa ni sus directivos tenían conocimiento de los tratos ilícitos que habría realizado Odebrecht para adjudicarse esta obra y en eso sustentan su reclamo para que la controversia se resuelva por arbitraje.

La constructora Graña y Montero cifra sus pérdidas económicas en 300 millones de dólares.

La constructora brasileña Odebrecht, que se encuentra sometida a un proceso de colaboración eficaz con la Fiscalía y ha aceptado pagar una millonaria reparación civil por sus actos ilícitos, aun no ha decidido si también acudirá al CIADI, como lo han hechos sus otras socias.

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“Lo que se ha presentado es una solicitud de arbitraje ante la Secretaría General del CIADI. A la fecha, estamos esperando que la Secretaria General nos comunique si registrará o no la solicitud. De esta manera, el proceso de arbitraje se iniciaría con el registro”, indicó un vocero de la constructora Graña y Montero, ante una consulta realizada por La República.

Las cifras

- 1,980 millones de dólares es el valor estimado en perdidas por Enagas.

- 55% corresponde a la participación de Odebrecht.

- 25% es la participación de Enagas en el consorcio.

- 20% fue la participación de la constructora peruana Graña y Montero.