Investigan a Mildo Martínez por los “Orellana de la pesca”

El dato. Empresario Mildo Eudocio Martínez Moreno bajo la lupa del Ministerio Público.

La ruta de las licencias pesqueras. Grupo utilizaría el sistema judicial para apropiarse de embarcaciones pesqueras y permisos de pesca mediante procesos judiciales presuntamente fraudulentos. Empresario es investigado por la Tercera Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos cometidos por organizaciones criminales.

César Romero
16 Dic 2019 | 5:32 h

La Fiscalía ha iniciado una investigación contra una organización criminal que estaría utilizando el sistema judicial para apropiarse fraudulentamente de embarcaciones pesqueras. Como dice uno de los involucrados, el mercado peruano de pesca está cerrado.

Desde hace años, el Ministerio de Producción no expide permiso de pesca, lo que da un enorme valor adicional a las embarcaciones pesqueras existentes. La embarcación vale miles por su tonelaje y vale millones más por el permiso de pesca que sus propietarios obtuvieron en los años 50, 60 y 70.

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Un valor calculado en varios millones de dólares. Un producto muy atractivo para los delincuentes, más en un país como el nuestro, infiltrado por la corrupción. Los delincuentes van detrás de esas embarcaciones. Luego, tenemos empresas de pesca multinacionales que, al parecer, no sienten ningún escrúpulo en usufructuar ese producto robado.

La Fiscalía tratará de averiguar, si se lo permiten, si se trata de una mafia independiente que “utiliza” a grandes empresas de pesca como reducidores baratos o, como aseguran los denunciantes, de una multinacional de la pesca que ha organizado un ejército legal para robar impunemente.

Un ejército integrado por abogados en su mayoría, policías, peritos, notarios, sicarios, fiscales, jueces y cualquier otra autoridad política que sea necesaria para el logro de sus objetivos.

El 13 de setiembre, la fiscal Lizbet Vanessa Flores Sosa, de la Tercera Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos cometidos por organizaciones criminales, dispuso el inicio de una investigación contra Henry Guillermo Castillo Segura, Hugo Valuis Damian, Roderick Evans Luna Rojas, Sebastián Martín Novoa Porras, Giuliana Milagros Beteta Palomino, José de Taboada Rizo Patrón y la empresa Inversiones Pesqueras del Perú.

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Ninguno de esos nombres suena, pero otro de los investigados es Mildo Eudocio Martínez Moreno, uno de los herederos de la transnacional Hayduk, empresa que en los años 90 formaron el peruano Eudocio Martínez Torres, popularmente conocido como “Olluquito”; y el croata Luka Baraka Toric.

Los Martínez o la familia de “Olluquito” sí tiene un largo historial público. Perseguidos por Vladimiro Montesinos, enfrentaron un larguísimo proceso por tráfico ilícito de drogas, del que se salvaron gracias a la providencial participación de una adolescente llamada Keiko Fujimori y muchos años después por la intervención del hoy prófugo juez César Hinostroza Pariachi. Esa es otra historia.

En el caso que ahora tratamos, los denunciantes, que motivaron la intervención de la Fiscalía contra el crimen organizado, señalan que extrañamente una serie de embarcaciones en litigio judicial terminan incrementando la flota pesquera de Hayduk. O la transnacional pesquera no le interesa el origen de sus embarcaciones o, como dicen los denunciantes, son los grandes organizadores de esta mafia.

Al norte de Lima, esta historia ya tiene algunos años y es conocida como “Los Orellana de la Pesca”, por la similitud en la operación. Un desconocido sin experiencia en pesca aparece en los puertos pesqueros y ofrece invertir dinero fresco en una embarcación. Al poco tiempo, a mitad del proceso, se retracta argumentando falta de medios para continuar la operación comercial y exige la devolución de lo ya invertido.

Entonces, aparece un ejército de abogados en defensa del pobre inversionista asustado y arrepentido y mediante una serie de procesos judiciales logran que un juez le adjudique la embarcación (que incluye el permiso de pesca) en administración judicial, por los varios millones de dólares que invirtió en potenciar la embarcación.

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El denunciante Henry Castillo Segura ha presentado diversos casos, que dice haber recopilado, que siguen este esquema jurídico legal. Para sustentar el inicio de la investigación, la fiscal Flores Sosa menciona los casos de las embarcaciones “Huallaga 4”, “Don Abelardo”, “Plebeyo”, “Marilu” y “Chao 8”.

La embarcación “Huallaga 4” fue objeto de una garantía de un préstamo por US$ 300 mil, pero mientras se encontraba en garantía fue aportada por Hugo Valuis Damian y José de Taboada Rizo Patrón, como capital social de la empresa pesquera del Perú SAC y arrendada a Roderick Evans Luna Rojas, quien habría terminado apropiándose del bien, en un proceso judicial.

Sobre la embarcación pesquera “Don Abelardo”, se indica que Sebastián Novoa Porras y Giuliana Beteta Palomino ofrecieron comprarla a su propietario Paulino Casana Alencastre de la empresa “Negociaciones Náuticas”, por US$ 300 mil.

Pero nunca llegaron a pagar esa suma y al cabo de un año alegaron que la embarcación nunca estuvo operativa y que querían recuperar su inversión de un millón y medio de dólares, para lo cual cedieron la nave en usufructo a Hugo Valuis Damian por cinco años.

Con ese contrato, Novoa Porras obtiene una resolución judicial de secuestro y desposesión de la nave, nombrándose custodio judicial a José de Taboada Rizo Patrón. La resolución judicial incluye una orden a la Dirección General de Consumo Humano Indirecto del Ministerio de la Producción para el cambio de titularidad del permiso de pesca y asimismo se le incluya en el “Listado de Porcentaje Máximo de Captura por Embarcación” y en el “Límite Máximo de Captura por Embarcación”.

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Castillo Segura logró que la Fiscalía de Chimbote presente una denuncia contra Novoa Porras y Giuliana Beteta por fraude procesal y contra Paulino Casana, pero un juez de Chimbote archivó el caso. El juez argumentó que la denuncia no debió ser presentada por el agraviado, sino por el juez de la especialidad civil ante el que se habría cometido el fraude.

Es decir, el que debió denunciar era el juez que concedió el secuestro y desposesión de “Don Abelardo”, que lógicamente al basarse en los supuestos documentos falsos que dio por verídicos nunca lo iba a realizar, salvo que reconociera su error.

La embarcación “Plebeyo” fue adjudicada en anticipo de legítima herencia, por Eugenio León Mariños y su esposa Emilia Luján Pérez, a sus hijos Yamili Grimaneza y Anderson León Luján, pero años después Alejandro Vasallo Valverde se presenta como legítimo propietario.

Vasallo Valverde asegura que el título de propiedad de la embarcación presentado por León Mariños, de junio de 1977, es falsa, y que al contrario esa nave fue vendida el año 2004 a Mildo Martínez Moreno, a través de la empresa Inversiones Pesqueras del Perú.

Esta empresa, Inversiones Pesqueras del Perú, fue constituida el 29 de marzo del 2006 por Hugo Valuis Damian, quien aporta la embarcación “Huallaga 4”, y José de Taboada Rizo Patrón que pone 100 soles. Luego, aumentan su capital social a 17 mil soles y le otorgan poder a Eudocio Martínez Moreno para disponer de sus bienes.

La embarcación pesquera “Chao 8” se encontraba en litigio y fue adjudicada mediante sentencia a Luis Naranjo Mujica, pero en medio del proceso otras dos personas, Rodrigo Evans Rojas y Hugo Galvis Damian, en representación de Inversiones Pesqueras del Perú, se apersonan al proceso, reclamando la representatividad de Naranjo Mujica.

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En principio ese pedido fue rechazado, al considerarse que no tenían legítima ni interés en el proceso, pero en sucesivas demandas terminan siendo admitidos y se adjudican las licencias de pesca.

Esto es lo que la Fiscalía ahora tratará de investigar para determinar si se trata de hechos aislados o, como aseguran los denunciantes, de una mafia organizada que busca, utilizando el sistema judicial, apropiarse de las embarcaciones y sobre todo de los permisos de pesca.

Defensa rechaza que haya una organización criminal

El abogado de Mildo Martínez, José Ugaz Sánchez-Moreno rechaza la existencia de una organización criminal. Señala que todo se reduce al litigio por la embarcación pesquera “Don Abelardo”.

“Al ver que los estamos venciendo en el litigio por esa embarcación, han creado toda esta historía de los “Orellana de la Pesca”. No hay nada. El señor Eudocio Martínez Moreno está trabajando legalmente”, dice Ugaz.

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Anota que hay otras denuncias similares presentadas por Pavel Betancour y Henry Castillo, en las fiscalías de Chimbote y las fiscalías de crimen organizado. Estamos presentando todos los documentos para desmentir toda esta historia.

Investigación fiscal

El caso fiscal número 48-2019 contempla seis imputados, incluyendo a Mildo Eudocio Martínez Moreno y a la empresa Inversiones Pesqueras del Perú SAC.