El Sodalicio sigue vivo

“La última querella contra Paola Ugaz es la gota que rebalsa el vaso de la indignación”.

Pedro Salinas
15 Dic 2019 | 1:48 h

No solo vivo, sino actuando como siempre. Con talante sectario y la impunidad de su lado. De forma matonesca. Infiltrándose en instituciones para sacar algún tipo de beneficio. Reclutando adolescentes. Trapaceando y dando gato por liebre. Utilizando tontos útiles. Encubriendo y arropando a los cómplices del fundador. Amenazando a periodistas.

La última querella contra Paola Ugaz es la gota que rebalsa el vaso de la indignación. Porque a ver. No voy a negar que estoy furioso con todo lo que está pasando respecto del Sodalicio. Desde la querella del arzobispo sodálite José Antonio Eguren es como si los hijos de Figari sintiesen que pueden hacer lo que les venga en gana. Asumen que ya pasaron página. Que la gente ya olvidó lo que son.

La iglesia católica, por ejemplo, nunca los disolvió. Ahí están. Siguen siendo una Sociedad de Vida Apostólica avalada por el Vaticano. La justicia nunca los tocó. Van tres años de la demanda que presentamos cinco exsodálites (¡tres años!) y ya comenzaron a descolgarse del proceso los principales sospechosos de encovar las inmundicias.

El ex-Congreso nunca aprobó el informe investigativo de la comisión que presidió Alberto de Belaunde (¡ojalá que el próximo Parlamento lo apruebe en el pleno!). Y por si fuera poco, el exsodálite y alcalde de Lima, Jorge Muñoz, les acaba de poner en bandeja la Beneficencia de Lima, por lo que me estoy imaginando a un cura barbón, de habilidades mercantilistas, con los ojos saltones y los símbolos de soles en lugar de pupilas.

Lo que están haciendo con Paola va en esa línea. La de aplastar −o intentarlo, porque no van a poder− a quienes los investigaron. Para desacreditarlos. Para cansarlos. Para inhibirlos. Paola Ugaz debía terminar este mes una larga investigación que sigue el dinero del Sodalicio. El libro es un misil, si me preguntan. Pero no puede acabarlo porque la siguen atarantando con cartas notariales y querellas, en Piura y ahora en Lima.

Esta última, tan absurda y esperpéntica como las anteriores, exige tres años de prisión y el pago de dos millones de soles. Y así van a seguir ante la indolencia de las autoridades. Las eclesiásticas, las judiciales y las políticas. Porque si los peruanos hacemos algo bien es ser indiferentes ante el abuso.