Declaración jurada
Intereses bajo la lupa.
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El Gobierno ha expedido el Decreto de Urgencia N°020-2019 que establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el sector público, independientemente del régimen laboral o contractual con el que trabajan, como medida de fortalecimiento de la transparencia pública y lucha contra la corrupción.
De ese modo, con una demora de dos años, se implementa una de las cien recomendaciones que hiciera la Comisión de Integridad que presidió el ex defensor del Pueblo, Eduardo Vega.
La norma define la Declaración Jurada de Intereses como un documento público que se constituye en requisito indispensable para el ejercicio del cargo o función pública, y tiene como finalidad transparentar información relevante de los sujetos obligados, para la detección y prevención de conflictos de intereses.
Los obligados a presentar estos documentos son los miembros de los tres poderes del Estado y de todos los organismos constitucionales autónomos. A ellos se agregan, en el Ejecutivo, a los viceministros, procuradores, prefectos y subprefectos; en el Ministerio Publico, a todos los fiscales; y en el Poder Judicial, a todos los jueces y vocales. También los gobernadores regionales, miembros de los consejos regionales y gerentes regionales, alcaldes, regidores y gerentes municipales; los oficiales generales de las FFAA y de la PNP y los miembros de los directorios de las empresas estatales, entre otros.
El paso es positivo, pretende poner luces sobre los aspectos reservados del reclutamiento de funcionarios, por mucho tiempo sujeto a prácticas de cooptacion desde los poderes económicos, conocidas como la “puerta giratoria”. Otra forma de expresión de estos intereses se manifestaron, por ejemplo, en el Congreso, cuando representantes directos de universidades particulares arribaron a este poder del Estado para presionar por normas que les favorecieran o impedir la aprobación de políticas de reforma educativa.
Este paso debería ser complementado con otro: la reforma integral de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya creación en el gobierno de Kuczynski fue criticada por carecer de fuerza y competencias. Una autoridad que en el fondo no lo es, como se aprecia actualmente.
Los pasos dados en el ámbito de la transparencia deben ser complementados con la integridad, y ello solo se logrará si se emprende nuevamente las políticas que sirvieron para la creacion de SERVIR, y avanzando seriamente en la unificación de los regímenes laborales en la administración publica.
