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Abogados del disuelto Congreso y del Ejecutivo sustentan posiciones en TC

María Elena Castillo

@larepublica_pe

05 Dic 2019 | 5:16 h
Debate. Los siete magistrados del TC empezarán a discutir en las primeras semanas de enero el proyecto de sentencia que entregue el juez ponente. Foto: Melissa Merino.
Debate. Los siete magistrados del TC empezarán a discutir en las primeras semanas de enero el proyecto de sentencia que entregue el juez ponente. Foto: Melissa Merino.

Audiencia. Durante tres horas y media, expusieron sus razones sobre la contienda competencial contra la disolución del Parlamento. El magistrado Carlos Ramos, miembro del Tribunal Constitucional y ponente del caso, hará el proyecto del fallo.

Al finalizar la audiencia en la que los miembros del Tribunal Constitucional (TC) escucharon los fundamentos sobre la contienda competencial contra la disolución del Congreso, el ponente del caso, Carlos Ramos Núñez, señaló que tratarán de resolverlo antes de las elecciones parlamentarias.

“El TC cierra sus puertas el viernes 13 de diciembre y las abre nuevamente el 2 de enero. Buscaremos que (se resuelva) antes de las elecciones”, dijo, aunque aclaró que no solo depende de él sino de los demás magistrados, pues el debate se daría las primeras semanas de enero.

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La sesión comenzó a las 9 y 30 de la mañana y finalizó a la una de la tarde. Aunque había otros expedientes previstos, solo se vio la demanda competencial que presentó el presidente del Congreso, Pedro Olaechea. Y precisamente él empezó la sustentación.

“El 30 de setiembre se produjo una grave ruptura del orden constitucional. En esa fecha, el Congreso fue disuelto de manera arbitraria”, señaló, tras lo cual negó que el Parlamento haya sido obstruccionista al Ejecutivo.

Detalló en forma cronológica las situaciones que, según su punto de vista, implicaron un intento de “imponer condiciones al Legislativo”, desde que en mayo el entonces premier Salvador del Solar, bajo una cuestión de confianza, exhortó al Congreso a no modificar el contenido esencial de las reformas políticas.

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Según Olaechea, todas las acciones posteriores tenían el objetivo de hacer “arrodillar al Congreso” y afectar el equilibrio de poderes, y que se aprovechó la elección -cuestionada- de los miembros del TC para cerrar el Parlamento.

Los abogados del Congreso, Jorge Campana y Enrique Ghersi, argumentaron que el Ejecutivo no puede hacer cuestión de confianza sobre atribuciones que no le corresponden, como la elección de los tribunos.

Afirmaron que no existe la denegación fáctica, que el Ejecutivo invocó, y que el mismo 30 de setiembre por la tarde el Congreso otorgó la confianza. “¿Qué pasaría si el Congreso diera por aceptada una interpelación contra un ministro? O diga que no le parece que el señor no ha contestado bien, entonces una censura fáctica. Este tribunal diría que eso es inconstitucional”, refirió Ghersi.

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El derecho ciudadano

Por su parte, en representación del Ejecutivo, el procurador supranacional, Luis Alberto Huerta, sostuvo que la parte demandante quiere limitar el derecho de la ciudadanía a ser convocada a elecciones para resolver la crisis política entre el Parlamento y el Ejecutivo, y restaurar el equilibrio de poderes.

Mencionó que la facultad del Ejecutivo para cerrar el Congreso en determinadas circunstancias se incluyó en la Constitución de 1979. Citó al entonces legislador Roberto Ramírez del Villar, quien sostuvo que “la disolución implica que el pueblo, el electorado va a dirimir”.

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Asimismo, defendió el planteamiento del Ejecutivo en el sentido de que se produjo una denegación fáctica, porque hay evidencias concretas que muestran que “la cuestión de confianza se torna ineficaz”. Una de ellas es que se prosiguió con la elección de miembros del TC y luego quisieron maquillarlo al aprobar la confianza en la tarde.

“El doctor César Landa (expresidente del TC) lo llama un fraude a la Constitución”, dijo Huerta.

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Aclaración en caso Keiko se resolvió en “forma express”

● En tiempo récord, los cuatro magistrados del TC que acogieron el hábeas corpus para liberar a Keiko Fujimori declararon improcedente el recurso del procurador del Poder Judicial, pidiendo que se aclare la sentencia y se someta a una nueva votación.

● El documento lleva las firmas de Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Carlos Ramos, y descarta la existencia de contradicciones con el voto de Ramos.

● “Esta decisión cierra el caso e invoco a que se acate como corresponde, en todos sus términos, la sentencia del tribunal”, señaló Blume.