Disolución del Congreso: Todo sobre la demanda que el TC analizará mañana

Luego de dos meses y cuatro días desde la disolución del Congreso, el Pleno del Tribunal Constitucional evaluará este miércoles 4 de diciembre la demanda competencial que el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, interpuso contra le medida adoptada por el presidente de la República, Martín Vizcarra.

Para ello, los siete magistrados concurrirán desde las 9:30 de la mañana para escuchar en audiencia pública los alegatos de las partes, que serán representadas, por el lado del Poder Ejecutivo, por el procurador público Luis Huerta Guerrero, y por el lado del Poder Legislativo, por el jefe de la Oficina de Defensa de las Leyes del Congreso, Jorge Campana Ríos.

Los hechos: la disolución el 30 de setiembre

Para comprender el proceso en cuestión, es necesario repasar los hechos recientes, comenzando por la decisión que el 30 de setiembre último el presidente Martín Vizcarra tomó: disolver constitucionalmente el Congreso, según dijo en un mensaje a la nación el jefe de Estado.

Para ese momento, en el Legislativo se discutía y, luego, apresuradamente, se votaba una cuestión de confianza interpuesta por el ex primer ministro Salvador del Solar.

Sin embargo, cuando el anunció del mandatario con la disolución llegó, este manifestó que en el Congreso se había dado una “negación fáctica” de la confianza al ex presidente del Consejo de Ministros.

La acotación del presidente apuntaba a que, antes de que se discutiera la cuestión de confianza —cuyo propósito era que no se efectuara la elección de nuevos magistrados del TC ese día— en el Pleno, en el Legislativo el fujimorismo y sus aliados habían elegido ya al primo de Pedro Olaechea como nuevo integrante en el Tribunal Constitucional, lo cual contravenía el pedido de Del Solar.

Las claves: argumentos de la demanda de Olaechea

Luego de consumarse la disolución del Congreso, Pedro Olaechea, junto al jefe de la Oficina de Defensa de las Leyes del Congreso, Jorge Campana Ríos, remitieron al Tribunal Constitucional una demanda competencial cuestionando el modo en que había procedido el Ejecutivo.

Específicamente, el documento del titular de la Comisión Permanente cuestionaba el modo en que el Ejecutivo había utilizado la cuestión de confianza para que se modifique la ley orgánica del Tribunal Constitucional, a fin de que se cambie el proceso de selección de los magistrados del TC.

El asunto en cuestión, sin embargo, giraba en torno a la “competencia exclusiva y excluyente” del Congreso para elegir a los magistrados. Por ello, como argumento, Olaechea sostuvo que la cuestión de confianza planteada por Del Solar, “menoscababa” las atribuciones del Legislativo.

El Ejecutivo, desde la perspectiva del Congreso, habría vulnerado los principios de equilibrio y separación de poderes, sobre todo por justificar la disolución con el argumento de la “negación fáctica”.

Por este motivo, Pedro Olaechea solicitó al Tribunal Constitucional que establezca que la cuestión de confianza solo puede entregarse de manera expresa, es decir con votación en el Pleno.

¿Podrá volver el disuelto Congreso?

Otro aspecto clave que es importante esclarecer es el vinculado a la posibilidad de que el disuelto Congreso regrese al Palacio Legislativo.

De planto, el Tribunal Constitucional, al momento de admitir a trámite la demanda competencial presentada por Pedro Olaechea, adelantó que las consideraciones que baraje para arbitrar la controversia entre el Congreso y el Ejecutivo, “tendrán efectos a futuro”.

Además, el mismo TC determinó que su rol en este juicio tiene como premisa no afectar el cronograma electoral que se encuentra vigente a la fecha, y que se proyecta concluir con las elecciones 2020 para nuevos congresistas.

Datos

—Luego de escuchar a las partes en audiencia, el Tribunal Constitucional tendrá hasta 30 días hábiles para resolver la demanda competencial.

—Con la resolución de la controversia, el Tribunal Constitucional se propone “delimitar los alcances de las atribuciones del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo”.